10 de abril 2019 - 00:01

CGT bloqueó proyecto y quedó cerca de romper con Gobierno

Daer faltó al debate luego de que el Ejecutivo introdujera cambios de último momento a la iniciativa.

Cortocircuito. Daer, uno de los jefes de la CGT, desairó a Sica ayer en el Senado luego de que el funcionario habilitara cambios al proyecto de blanqueo respecto del acuerdo que había con los técnicos de la central. 
Cortocircuito. Daer, uno de los jefes de la CGT, desairó a Sica ayer en el Senado luego de que el funcionario habilitara cambios al proyecto de blanqueo respecto del acuerdo que había con los técnicos de la central. 

La CGT retiró ayer su apoyo al proyecto oficial de blanqueo laboral y quedó a las puertas de una ruptura con el Gobierno, en momentos en que sectores internos presionan a la conducción para declarar un quinto paro nacional contra la gestión de Mauricio Macri. El conflicto se desató por el texto final de la iniciativa, que según la dirigencia gremial es diferente del que habían acordado los técnicos de la central obrera con funcionarios a última hora del lunes. La disputa también golpeó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, cuyo futuro en el Gabinete era hasta anoche incierto.

El entredicho quedó en evidencia con el faltazo que la jefatura de la CGT protagonizó en el plenario de comisiones del Senado donde debía dar inicio el debate por el proyecto. Aunque los abogados de la central se encontraban en el recinto, Héctor Daer, cosecretario general de la organización, avisó a último momento que no acudiría. Luego de esa confirmación el oficialismo le evitó a Sica hablar a los legisladores y pasó a un cuarto intermedio hasta el martes que viene.

Según pudo cotejar Ámbito Financiero, el núcleo de disidencias entre el proyecto original, consensuado con los gremios tradicionales, y el que finalmente el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso, se resume en al menos dos artículos: el 2, en el que se habilita a los trabajadores regularizados a computar hasta 60 meses (o cinco años) de servicios con aportes, que estipula como base de cálculo “un monto mensual equivalente al promedio de los salarios mínimos” de los convenios colectivos de cada actividad, cuando la iniciativa previa garantizaba contabilizar “remuneraciones promedio”, y el 11, que libra de contribuciones patronales a los empleadores respecto sólo de los asalariados “blanqueados” cuando el texto anterior extendía el beneficio a cualquier nueva contratación.

Además, los negociadores dijeron que el último proyecto privaba a los trabajadores regularizados de una cobertura mayor. En otras palabras, los técnicos alegaron que tal cual había sido redactada la iniciativa dejaba abierta la puerta a los empleadores para blanquear una relación laboral y echar luego al trabajador sin mayores costos, y con la salvaguarda de librarse de un juicio por empleo irregular.

En teoría el texto había terminado de acordarse entre el Ejecutivo y la central sindical a última hora del lunes. Previamente Sica había mantenido dos encuentros reservados con la “mesa chica” de la central en el sindicato de Sanidad, de Daer y Carlos West Ocampo. En ambos encuentros -el último de ellos había sido el 1 de abril-, el ministro y los dirigentes habían llegado a un entendimiento general respecto de tres tópicos: el proyecto de blanqueo, el descongelamiento de los fondos adeudados a las obras sociales (plasmado en un decreto publicado este lunes), y la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet), un instrumento reclamado por gremios y prepagas para poner un freno a los juicios de afiliados por prestaciones.

La controversia y el faltazo agriaron la relación entre el Gobierno y la CGT en momentos en que la jefatura de la central tomaba distancia de los reclamos por una nueva huelga surgidos de los sectores que rodean a Hugo Moyano. El decreto de este lunes que protocoliza la devolución de fondos a las obras sociales producto de una deuda que iniciaron los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner, y que Macri amplió con igual criterio político, parecía pavimentar un puente en el vínculo y abría la posibilidad a una tregua hasta el final de la gestión de Cambiemos.

Como antecedente, el primer intento del Ejecutivo por avanzar en una reforma laboral integral chocó contra la negativa del peronismo en el Senado una vez que la CGT le bajó el pulgar. En aquella ocasión Miguel Pichetto había aclarado que sólo con la autorización de la central obrera habilitaría la discusión, un escenario similar al que quedó ayer en evidencia tras el cortocircuito por el texto del proyecto.

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