- ámbito
- Edición Impresa
El Gobierno denunció a De Narváez por tener un canal
El interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, denunció penalmente a Francisco de Narváez por supuestamente ocultar al organismo que tiene participación accionaria en un canal televisivo.
La denuncia recayó en el juzgado federal Número 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá decidir si hace lugar a la presentación del COMFER, que acusa al diputado por la provincia de Buenos Aires, del presunto delito de «ocultar su condición de accionista y consecuentemente propietario de una licencia de una emisora de televisión».
De Narváez salió a refutar en duros términos esta imputación, al señalar que siempre ha respetado la ley que «hace más de cuatro años que el COMFER tiene toda la información». En este punto, el empresario resaltó que «es evidente que ahora salen con una denuncia en mi contra para pretender acallarme, a sabiendas de que me opongo a un proyecto de ley kirchnerista para amordazar al periodismo».
Origen
La denuncia surgió a raíz de la transferencia del 83% del paquete accionario de la firma América TV, titular de la licencia de LS86 TV Canal 2 de La Plata, a las empresas Ávila Inversora SA y América Inversora SA. Según detalla la presentación, la primera de las compañías está conformada por Carlos Ávila, Juan Cruz Ávila, Diego Gabriel Ávila, María Celeste Ávila, Luis Benjamín Nofal, y la firma Zarova SA (propietaria de casi un 23% del total accionario). También detalla que la firma inició este trámite «sin indicar, desde el año 2005 ninguna variación en cuanto a la composición accionaria de la empresa citada».
Gabriel Mariotto recalcó además en la denuncia una «contradicción» entre la información que aportó dicha firma al organismo, y aquella que dio a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. A este organismo, se le informó que la empresa Zarova SA compró las acciones de la firma de los Ávila en sucesivas operaciones que tuvieron lugar en octubre de 2004, junio de 2005 y mayo de 2006, hasta llegar al 60% de su paquete.
Según Mariotto, Zarova SA, integrada por Grupo De Narváez, José Luis Manzano y Daniel Eduardo Vila, «nunca informó que entre sus accionistas estuviera el Sr. diputado nacional en ejercicio Francisco de Narváez», y agregó que «sin embargo, llamativamente este diputado ha sostenido en forma personal, públicamente ante los medios de prensa ser 'propietario' del medio televisivo en cuestión».
Incompatibilidad
El interventor del COMFER enfatizó además que, en sus declaraciones publicas, De Narváez dijo haber adquirido la señal en junio de 2005, mientras que, de acuerdo con la información remitida por la Comisión de Defensa de la Competencia, la operación se habría producido en mayo de 2006, cuando el empresario ya había asumido como diputado. También enfatizó que De Narváez «conocía la imposibilidad de ser titular de un medio» al mismo tiempo que diputado.
En ese sentido, la denuncia recuerda el artículo 45 de la actual Ley de Radiodifusión 22.285, donde se establece que para ejercer la propiedad de licencias de medios audiovisuales se exige «no ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, militar o personal de seguridad en actividad».
La acusación del interventor del organismo se produjo en medio del debate legislativo por la polémica nueva ley de radiodifusión, sobre la que De Narváez (uno de los ganadores de las elecciones del 28 de junio) ya se pronunció en contra. Ésta no es la primera avanzada oficialista contra el diputado del PRO-PJ disidente: el lunes pasado el kirchnerismo había reclamado que el empresario se abstuviera de participar en el debate de la nueva ley de medios, al verse directamente involucrado en el tema, lo que fue rechazado.
«Desde que le ganamos a Néstor Kirchner, primero mandó a vetar una ley de mi autoría que favorecía a los productores del campo y ahora intenta vetarme a mí. Por lo visto, esto es lo que él entiende por profundizar el modelo: corrupción, perseguir a la oposición y a los que piensen distinto», fustigó De Narváez al rechazar la denuncia. En los próximos días la Justicia deberá convocar a Mariotto para que ratifique sus acusaciones y definir si impulsa la denuncia o no.