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Fiscal prepara desfile de funcionarios
Graciela Ocaña
La resolución también requiere que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) notifique sobre «aquellas operaciones reportadas relativas a adquisiciones de bienes» de Lorenzo, titular de las droguerías San Javier y, hasta el momento, principal imputado en la causa que investiga la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos en la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).
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Por otro lado, Comparatore recomendó que se pida «tanto al Gobierno nacional como al de la provincia de Buenos Aires, a través de sus carteras de Salud, que brinden la totalidad de la información existente que se relacione con las características de los fármacos secuestrados, todo lo atinente a los laboratorios que los producen y las droguerías que los distribuyen, así como también lo referido a las autorizaciones pertinentes y su renovación». Y agrega que también se solicite documentación a los ministerios de Justicia de la Nación y de la provincia sobre las sociedades comerciales bajo las que actúan las diferentes droguerías y laboratorios, y quiénes las controlaron de manera interna y externa.
La otra medida que apunta a los gobiernos nacional y bonaerense se refiere a la solicitud de todos los antecedentes de los programas de distribución gratuita de los medicamentos investigados «individualizando aquellas entidades que resultaban beneficiarias», así como que «se oiga en autos» a los responsables de estas instituciones «con el objeto de establecer si la provisión farmacológica fue debidamente garantizada».
La pesquisa podría orientarse así hacia el rol que el Estado habría cumplido (o incumplido) en el supuesto suministro de esos medicamentos adulterados y su venta ilegal, ya que eran de distribución gratuita, que podría generar un desfile de funcionarios en Comodoro Py. De hecho, Oyarbide no descartó ayer citar a los ministros de Salud de la Nación y la provincia, «de ser necesario» (ver nota aparte).
El fiscal además solicitó la grabación de un programa televisivo especial sobre el tema, emitido el domingo pasado y que tuvo como protagonista a Graciela Ocaña. La ex ministra de Salud denunció penalmente en repetidas oportunidades las supuestas irregularidades en torno al manejo de fondos de las obras sociales sindicales, en especial lo investigado sobre el reparto de partidas a través de la Administración de Programas Especiales (APE).