Gastos vinculados con acciones argentinas, ¿son deducibles?

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• UNA NUEVA MIRADA A PARTIR DEL REVALÚO IMPOSITIVO
Las erogaciones necesarias para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas son deducibles de Ganancias, pero la computabilidad de los dividendos resulta una situación muy particular.

Antes de la reforma fiscal que introdujo al Impuesto a las Ganancias la Ley 27.430 (B.O. del 29/12/2017), frente a la Ley del Impuesto a las Ganancias (LIG) las acciones emitidas por sociedades argentinas implicaban para un titular persona humana un rendimiento -dividendo- que frente al tributo era un resultado no computable (art. 46), pudiendo estar sometido a una retención en carácter de impuesto cedular (impuesto de igualación, art. 69.1). La reforma pasó a gravar los dividendos a través de un impuesto cedular. Para un accionista persona jurídica del país dicho dividendo resulta y resultaba también un rendimiento no computable (art. 64).

La ley del gravamen establece que son deducibles los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arts. 17 y 80), no siendo deducibles aquellos vinculados con ganancias exentas o no gravadas. La no computabilidad de los dividendos resulta una situación muy particular, por cuanto se trata de rentas que están gravadas (por las teorías de la fuente y del balance), pero no generan carga fiscal, no obstante no estar beneficiadas con una exención.

1| ANÁLISIS POR SEMEJANZA

El Fisco Nacional sostuvo históricamente que la no computabilidad se asemeja a una situación de no gravado / exento, sin fundar su tesis en el texto legal, sino más bien con un argumento meramente matemático: estas rentas no conforman la base imponible del gravamen. En base a esa tesitura, impidió sistemáticamente para personas humanas la deducción del impuesto sobre los bienes personales por las tenencias accionarias (art. 25.1 de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales) o los intereses vinculados con la compra de accionarios.

En el caso de contribuyentes sociedades, el organismo recaudador buscaba y analizaba minuciosamente los gastos originados en intereses y diferencia de cambio generados por préstamos para la compra de cuotas sociales, manifestando que "...no resultan deducibles para la determinación del impuesto a las ganancias, ello de que no se realizan para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas" (cfr. Dictamen 21/2006, Dirección de Asesoría Técnica, del 04/4/2006). El Dictamen 65/2004 de la misma Dirección (de fecha 06/10/2004) expresa una opinión similar, señalando que "...tanto los dividendos como sus gastos asociados tienen calidad de no computables para la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto, y que los costos atribuibles a las acciones adquiridas resultan deducibles una vez que se efectúe la realización de las mismas".

En muchos casos, la interpretación fiscal fue compartida por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) y por la Alzada.

Por ejemplo, en el caso "Macchiavello" la sala B del TFN (16/12/2005) resolvió confirmar la impugnación del impuesto sobre los bienes personales como gasto frente al impuesto a las ganancias, considerando que "...los dividendos constituyen una renta no comprendida en aquél tributo, resulta aplicable lo establecido en el art. 17 tercer párrafo de la ley 20.628 en cuanto impide deducir como gasto una erogación vinculada con ganancias no computables en ese impuesto. El art. 17 tercer párrafo de la ley 20.628 no sólo prohíbe la deducción de gastos vinculados con ganancias exentas, sino también con rentas no comprendidas en el impuesto a las ganancias, como ser los dividendos". Dicho fallo fue confirmado por la Cámara (sala V, sentencia del 27/09/2006).

Más recientemente se conocieron fallos de la sala C del TFN a favor de la deducción ("Blaquier Carlos Pedro", TFN sala C, 29/08/2011 y "Ceide Néstor Raúl", TFN sala C, 04/08/2011), que luego fueron controvertidos por la Alzada. Llegado el tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), ésta rechazó su intervención sobre la base del art. 280 del CPCCN.

En materia de la deducción en cabeza de sociedades sobre gastos vinculados con acciones, un caso que ha mantenido la esperanza de una correcta resolución es el de "INC S.A." (Expte. CSJ 88/2013). Para el Fisco Nacional no resultaban deducibles frente al impuesto a las ganancias los intereses generados por el pasivo asumido por la firma con motivo de la compra del paquete accionario de una sociedad local (Compañía Americana de Supermercados S.A., "CASSA"), argumentando que dicha adquisición no resultaba ser una operación destinada a obtener, mantener o conservar la renta alcanzada por el gravamen. La adquisición de CASSA se llevó a cabo en un primer momento mediante un préstamo bancario y, posteriormente, esa deuda fue cancelada con el producido de la emisión de obligaciones negociables en el marco de la Ley 23.576, autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Luego de un tiempo, ambas sociedades se fusionaron.

2| DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN

En trámite del Recurso Extraordinario se ha conocido el Dictamen de la Procuradora General de la Nación, de fecha 22/12/2014. Allí, la Procuradora fue tajante: "...pienso que no son atendibles los argumentos del Fisco en cuanto a que los gastos referidos "no poseen la vinculación necesaria con la fuente productora de beneficios" o bien que "los ingresos obtenidos como consecuencia de tales pasivos, no fueron volcados al capital de trabajo o a actividades generadoras de beneficios gravados", y menos aún que debido a la fusión realizada "la contribuyente no tuvo siquiera oportunidad de percibir dividendo alguno de Compañía Americana de Supermercados S.A."...". Quedó en claro que, desde una interpretación basada en la LIG, correspondía la deducción de los intereses, pues "...se trató de una operación comercial llevada a cabo por la empresa dentro de su objeto societario, y que con independencia de la consideración relativa a su oportunidad o eficacia desde el punto de vista financiero o comercial, se trata de decisiones empresarias que permanecen al margen de todo reproche fiscal" (apartado V).

Por nuestra parte, siempre hemos considerado que el criterio fiscal era arbitrario, por cuanto su justificación era superficial y aparente, ignorando las premisas que impone la LIG en sus arts. 17 y 80, y asimilando antojadizamente la no computabilidad a la no gravabilidad o a la exención a partir de una visión reduccionista que únicamente consideraba la no conformación de la base imponible por parte de los dividendos.

Estando aún pendiente de resolución el caso INC S.A. por nuestro Máximo Tribunal, apareció el Revalúo Impositivo (Ley 27.430 - Título X), el cual impone la necesidad de un replanteo de la posición del Fisco Nacional, a favor de la deducibilidad de los gastos vinculados con acciones de sociedades del país.

Vale recordar que el art. 281 de la Ley 27.430 creó para las personas humanas, sucesiones indivisas y sujetos del artículo 49 de la LIG (personas jurídicas y fideicomisos, principalmente) "...la opción de revaluar, a los efectos impositivos, los bienes situados, colocados o utilizados económicamente en el país cuya titularidad les corresponda y que se encuentren afectados a la generación de ganancias gravadas por el mencionado impuesto" (el destacado es propio). Nótese la condición necesaria para poder optar por revaluar: los bienes tienen que estar afectados a generar ganancias gravadas por el impuesto a las ganancias.

A su vez, el artículo 282 menciona expresamente como bienes que podrán ser objeto del revalúo a las "Acciones, cuotas y participaciones sociales, emitidas por sociedades constituidas en el país" (inciso d).

Advertimos entonces que el Legislador Nacional, a través de una ley, ha expresado que las acciones, cuotas y participaciones sociales están afectados a la generación de ganancias gravadas, contradiciendo en forma evidente el criterio sostenido por el Fisco Nacional y la jurisprudencia que lo confirmó. Es justamente esa condición de afectación a la generación de ganancias gravadas la que requieren los arts. 17 y 80 de la LIG y que el organismo recaudador negó sistemáticamente. Sin embargo, de no cumplirse no podrían tratarse de bienes revaluables.

Esperemos entonces que desde la Administración Federal (AFIP) se tome nota del criterio sentado por la Ley 27.430 en los artículos señalados, a fin de orientar su actividad en fiscalizaciones, determinaciones de oficio y causas en trámite.

(*) Miembro del Estudio Lisicki, Litvin y Asoc.

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