2 de julio 2019 - 00:00

El chavismo admite la culpa de sus servicios en la muerte del militar

Dos militares de la Dirección General de Contrainteligencia fueron puestos a disposición de la Justicia como "presuntos responsables del hecho".

Acusación. El fiscal general Tarek William Saab confirmó la noticia.
Acusación. El fiscal general Tarek William Saab confirmó la noticia.

Caracas- Dos militares fueron presentados ayer ante la Justicia por la muerte del militar venezolano Rafael Acosta Arévalo, quien había sido detenido tras ser vinculado con un supuesto plan para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro, según informó ayer el fiscal general Tarek William Saab.

El funcionario señaló en su cuenta de Twitter que se estableció “la vinculación de dos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contra Inteligencia Militar”, por lo que el Ministerio Público solicitó la detención preventiva del “teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben José Zarate, como presuntos responsables del hecho. Con esta decisión, el chavismo admitió la culpa de sus servicios en la muerte del militar.

Tanto Tarascio, de 23 años, y Zarate, de 22, ambos integrantes de la Guardia Nacional, son imputados por el delito de “homicidio preterintencional con causal”. Los guardias nacionales permanecerán recluidos en la sede del DGCIM en Caracas, donde estaba detenido el capitán de corbeta.

Previamente, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet, sostuvo que se sintió “conmocionada” por la muerte del militar. “Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte”, indicó Bachelet en un comunicado. “Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, había señalado. La ex presidenta de Chile expresó su “profunda preocupación” por el caso y reclamó una investigación “independiente, imparcial y transparente” para “facilitar que se lleve ante la justicia a los responsables”.

Asimismo, Bachelet solicitó al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que permita que otras seis personas detenidas junto a Acosta Arévalo reciban visitas de parientes y abogados, y que también adopte “urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos a personas bajo custodia del Estado”.

En tanto, el presidente interino designado por el parlamento, Juan Guaidó, llamó para este viernes a una movilización nacional “ante la Fuerza Armada, ONU y comunidad internacional”, con el objeto de “exigir el fin de las torturas, asesinatos, violaciones de derechos humanos y la intervención cubana”. La convocatoria fue anunciada formalmente en conferencia de prensa por el coordinador nacional de Juventudes de Voluntad Popular (VP, el partido de Guaidó). La movilización irá desde la oficina de la ONU en Caracas hasta la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde, según el dirigente, “hay funcionarios que dan órdenes de torturar y hay funcionarios que lamentablemente siguen las órdenes de torturar hasta la muerte”.

Acosta Arévalo, capitán de corbeta retirado, fue detenido el 21 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y alojado en dependencias de ese organismo. El viernes pasado fue presentado ante un tribunal, al que llegó “en silla de ruedas, presentando graves signos de torturas”, según la abogada y activista humanitaria Tamara Suju, y el juez ordenó que se lo trasladara inmediatamente a un hospital militar, donde falleció poco después.

Según Suju, al comparecer ante el juzgado, Acosta Arévalo “no hablaba, solo pedía auxilio a su abogado”, porque “no entendía ni escuchaba bien” y “su estado era ya crítico”.

Agencias AFP, ANSA y Télam

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