Edición Impresa

¿El derecho de la protección de datos ayuda a disminuir grietas?

• A RAÍZ DEL PROYECTO DE LEY DE CONSORCIO PARTICIPATIVO DEL GCBA
La iniciativa que se pondrá en práctica en la jurisdicción porteña generará una base de datos públicas que alojará información personal de los vecinos, administradores y proveedores.

La modificación de la Ley 941 de creación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la Ciudad de Buenos Aires ha instalado un debate propio de los tiempos que corren.

Se puede llegar a sancionar una norma denominada "Consorcio Participativo", cuyos objetivos son varios y parecen válidos. Estamos en 2018, podemos pensar en una plataforma digital, un sistema único que no sólo propende a fomentar un gobierno digitalmente gestionado (el famoso "digital drivengovernance" en inglés) y mejorar el control Estatal, sino también darle a los vecinos una herramienta digital para que puedan "gobernar" sus edificios, participar en asambleas, y controlar gastos y gestión de los administradores.

1| EFECTOS DE LA MEDIDA

Pero la iniciativa empieza a encontrar resistencias. Un software libre y único, parece algo universal y democrático. Pero hay más actores en esta película, además del Estado local y los vecinos. Están los administradores de consorcios, la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, las empresas que desarrollan software para liquidar expensas, entre varios otros. Cada uno tiene su valoración sobre la iniciativa, que ya está generando controversia, según quién lo analice y desde qué perspectiva se evalúe.

Aún así hay un aspecto en el que todos los actores sociales estarán de acuerdo. Cualquier sistema digital-en particular esta plataforma operada desde el GCBA-,generará una base de datos pública que alojará información personal de los vecinos, administradores y proveedores. Y esa información merece un tratamiento acorde a las normas sobre protección de datos personales.

Las normas sobre protección de datos a nivel mundial intentan adaptarse al veloz avance de las soluciones tecnológicas. Es cierto que a veces la sanción de leyes no puede hacerse al ritmo vertiginoso de las necesidades de procesamiento de información personal.Pero los principios siempre están ahí para servirnos de guía. Tanto nuestras leyes -La 25.326, la Ley 1845 del GCBA-, como el recientemente sancionado Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, hacen hincapié en aspectos básicos sobre recolección de información, creación y funcionamiento de bases de datos y derechos de los ciudadanos.

Según datos oficiales del propio GCBA en el último relevamiento de usos del suelo, la ciudad contaba en 2012 con cerca de 300.000 edificios. Es lógico calcular que la nueva plataforma permitirá almacenar información que se agrega a la que actualmente ya posee el GCBA. Habrá de todo: datos de vecinos, datos de cargas previsionales de empleados de los consorcios, detalle de presupuestos por obras, detalle de pólizas de seguros, etc. Un auténtico reservorio de datos personales, de gran valor.

El proyecto de Ley establece que debe asegurarse la Privacidad y Protección de Datos Personales, y de cualquier otra información que pueda resultar sensible. Pero el derecho a la protección de datos va mucho más allá de esa enunciación.

Los vecinos, usuarios, clientes, o mejor dicho, los ciudadanos, conocen los riesgos que implica un tratamiento indebido. Necesitan más precisiones, más seguridad. Así como la tecnología crece, también crece la conciencia sobre la privacidad (privacywareness) de quienes la usan y disfrutan de las ventajas de contar con ella.

Un viejo profesor de Derecho Administrativo solía repetir que la administración pública es la "campeona de la legalidad".Si vamos camino a gobiernos "digitallydriven", no sólo hay que potenciar las ventajas de estos sistemas, sino ademásasegurar a los ciudadanos que ese reservorio gigante de información personal, será parte de un banco de datos creado para un propósito general, específico y lícito.

No es tan rápido, tan simple, ni tan automático sostener que los "datos de los vecinos estarán sometidos a confidencialidad". Es una frase hecha, y desprovista de valor para ciudadanos que asisten diariamente a violaciones de su intimidad y derechos de privacidad de la información. Basta pensar en el reciente caso de Facebook con Cambridge Analytica para entender la resonancia legal que puede tener la inobservancia a las normas que rigen el derecho a la protección de datos personales.

2| PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD

Será mucho más sano contar con una verdadera política pública de protección de la privacidad aplicada al gobierno digital, en el que las características y finalidad del banco de datos, los consentimientos de los ciudadanos, los procedimientos de obtención y actualización de los datos, la estructura y naturaleza de los datos personales recolectados, las cesiones, transferencias o interconexiones previstas,y el órgano responsable ante la cual los ciudadanos pueden ejercer sus derechos, estén claramente definidos, informados y respondan a un estándar de calidad de gestión.

Estoy seguro que en esto, estaremos todos de acuerdo, no importa de qué lado estemos. En esto estamos unidos. Procesar la información, aplicar la tecnología, vivir mejor, sin violar derechos básicos que en Argentina tienen rango constitucional. Todo se puede hacer, basta hacerlo bien.

(*) Especialista en Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario