Economía

El Gobierno subsidia a petroleras y mantiene las naftas congeladas

El Ministerio de Energía compensará a empresas productoras y provincias hidrocarburíferas por $1.700 millones.

El Gobierno dispuso un subsidio para las empresas productoras de petróleo por $1.700 millones, en compensación por el congelamiento de precios dispuesto por Mauricio Macri en agosto. La decisión se tomó en un día en el que los valores del crudo a nivel internacional se dispararon a causa del ataque a instalaciones saudíes el fin de semana (ver páginas 16 y 17). El objetivo es contener -algo- la inflación prevista para septiembre: es que por cada cinco puntos que sube el valor del combustible, se incrementa un punto el IPC. Dentro del Gobierno aseguran que si liberaran el precio del petróleo siguiendo los lineamientos de la decisión que tomó el oficialimso hace dos años (en septiembre de 2017), el precio de las naftas impulsaría no menos de 4 puntos la inflación, y el acumulado del IPC entre agosto y septiembre treparía a más de 14%. Un nivel impensado para un Gobierno que aún aspira a una propuesta competitiva para las elecciones de octubre. Desde el oficialismo señalaron que los $1.700 millones es todo el que está dispuesto a inyectar en el sector; al menos por el momento. Según la Resolución 552/2019 de la Secretaría de Energía publicada ayer en el Boletín Oficial, los montos establecidos se abonarán en un 88 % a las empresas productoras de petróleo y en un 12 % a las provincias en cuya jurisdicción se encuentre la concesión en la cual se haya producido el petróleo.

“Claramente lo que pasó hoy (por ayer) es muy disruptivo y lo que hemos decidido es ver cómo evoluciona el precio del combustible esta semana, ya que hubo un aumento en un día de 10 dólares, a raíz de los ataques en refinerías de Arabia Saudita”, explicó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en rueda de prensa en la Casa de Gobierno.

El Decreto 566, sustituido por el 601, estableció que las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local hasta el 13 de noviembre próximo deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al día 9 de agosto último, aplicando un tipo de cambio de referencia de $46,69 por dólar, y un precio de referencia Brent de u$s59 por barril.

Condiciones

Hacienda precisó que para recibir la transferencia de dinero, las empresas productoras de petróleo y de biocombustibles y las provincias deben renunciar a su derecho de litigar contra el Estado, ya sea en los tribunales locales o los internacionales. La nueva resolución indicó que las firmas deberán acompañar una declaración por la que se obliguen a mantener indemne al Estado por cualquier acción, reclamo administrativo, judicial, extrajudicial o arbitral, en la Argentina, en el extranjero y en el ámbito internacional, de sus accionistas o sociedades controlantes, contraladas o vinculadas, relacionadas a la aplicación de los Decretos 566 y 601.

Hasta ahora el reclamo judicial más visible fue el de Vista Oil & Gas, que lidera Miguel Galuccio. En su demanda, la petrolera exigió la nulidad inmediata del DNU. No cuestiona el congelamiento de precios, sino la forma en que se hizo.

Fuentes de Vista anticiparon un rechazo al cobro de subsidios bajo esta modalidad. Aseguran que el monto ofrecido “está muy lejos” de compensar el daño provocado, justo que el Brent se disparó por los ataques en Arabia Saudita, y criticaron el pedido de desistir de las demandas. El pedido de indemnidad es un despropósito jurídico, señalaron.

Rechazo

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, fue el primer mandatario en rechazar el requisito exigido por la Nación. “Esto no es lo que se habló en su momento. No había condicionamientos cuando se charló de un subsidio transitorio”, dijo al diario Río Negro. La gestión de Gutiérrez consideró desproporcionado ofrecer u$s2 cuando la diferencia real es de u$s16.

Fuentes del sector también consideraron que “con esta diferencia creciente entre el precio del barril criollo y el crudo internacional sólo se va a profundizar la baja de equipos, suspensiones y despidos en Vaca Muerta”.

Otras fuentes, por el contrario, todavía apelan a posturas moderadas a la espera de que el Gobierno encuentre una salida al congelamiento, que busque una salida antes del plazo previsto de 90 días que vence a mediados de noviembre, lo que permitirá retomar señales positivas a los inversores pensando en la actividad de 2020.

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