Política

El juez Otranto rechazó la recusación de la familia de Maldonado

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó este viernes la recusación que presentó en su contra la familia de Santiago Maldonado, por lo que ahora será la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la que decida si continúa al frente de la investigación por la desaparición del joven de 28 años.

La familia de Maldonado había pedido este jueves el apartamiento de Otranto por "el nulo avance en la investigación" y había reclamado "la intervención de nuevo magistrado, imparcial y eficiente en la tarea a su cargo".

Al respecto, el juez rechazó los argumentos de la familia y elevó la presentación y su informe a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que definirá la situación.

Sobre el "temor de parcialidad" que planteó la familia del artesano, Otranto respondió que ello "parte de que -a su modo de ver- la investigación debería alcanzar también a los hechos que dieron origen al accionar de Gendarmería Nacional que finalizó -en palabras de la querella- con la desaparición de Santiago Maldonado".

Eso se basa en que el magistrado fue quien dio la orden al Escuadrón 35 de Gendarmería para que desaloje el corte de la ruta 40 que mantenían los integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof el 1 de agosto pasado.

Según expresó Otranto, la querella considera que "el análisis sobre la legitimidad de la orden impartida, y sobre el control que se debió realizar en su cumplimiento, no puede ser llevado adelante por el mismo juez que la impartió".

"A esto sumó (la querella) que el martes 12 de septiembre se suspendieron intempestivamente las audiencias programadas para recibir otras declaraciones testimoniales y que cité a declarar en condición de testigos a dieciséis gendarmes. Entiende que esto obedece a una reunión que mantuve el domingo 15 con el secretario de Seguridad Interior y el Secretario de Cooperación", explicó el juez.

En su fallo, recalcó: "El querellante confunde el objeto procesal de esta investigación, que está pura y exclusivamente encaminada a establecer si Santiago Maldonado ha sido víctima del delito de desaparición forzada de personas".

"Este delito consiste en una privación de la libertad de una persona por uno o varios funcionarios públicos, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar el paradero de la víctima. De este modo, no tiene la más mínima relevancia a fin de establecer si se cometió ese delito que el procedimiento que realizó Gendarmería el 1 de agosto haya estado comprendido en la orden judicial que dicté o si, por el contrario, fue realizado por orden de la superioridad de la fuerza en cumplimiento de directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad", indicó.

Otranto, a la vez, sostuvo que la decisión que tomó "de convocar a los efectivos de Gendarmería en condición de testigos no permite suponer que tenga una posición predeterminada sobre la responsabilidad de esa fuerza en el hecho".

"Por el contrario, responde a la valoración del resultado de las medidas de prueba que se han realizado, por ejemplo el informe elevado por el Servicio de Huellas Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y el análisis provisional de las declaraciones testimoniales que hasta ese momento se habían recibido", agregó en su resolución.

En tanto, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané, justificó el "lavado" de los vehículos de la Gendarmería nacional utilizados en el violento desalojo de mapuches del 1 de agosto en la Ruta 40, en Cushamen.

"Hay un reglamento de la Gendarmería que dispone que cuando se va a entregar la camioneta se la tiene que entregar limpia", explicó Cané, según reprodujo La Izquierda Diario.

La polémica por la "limpieza" de las camionetas surgió luego que el cotejo de muestras de ADN de la familia de Santiago Maldonado diera negativo con casi 80 evidencias tomadas en el interior de esos vehículos. La sospecha, según testimonios de los mapuches, era que el joven había sido "llevado" por los uniformados el día del operativo.

Las pericias fueron realizadas por el servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El informe que se conoció esta semana precisa que "se descartó que exista compatibilidad con las muestras de referencia en los perfiles genéticos obtenidos de 23 muestras encontradas en los vehículos de la Gendarmería Nacional Argentina". Según el detalle, fueron analizadas seis muestras recogidas en una camioneta Ford Ranger, cinco muestras en otra camioneta, una en otro vehículo del mismo tipo, tres en un camión Mercedes Benz Unimog, tres en una camioneta Volkswagen Amarok y cinco muestras en otro camión Unimog.

Conocido el resultado negativo en 80 de los 82 cotejos, el Gobierno ensayó otra defensa del accionar de los gendarmes y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich aseguró que este informe "despejaba" la posibilidad de que haya sido una desaparición forzada. Sin embargo, de inmediato el defensor oficial Fernando Machado denunció que las camionetas fueron lavadas antes de que se tomaran muestras de ADN.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, también restó relevancia el resultado negativo. "Era lo esperado, sería muy bruto y muy impune agarrar y seguir con las manchas ahí. Las camionetas las habían lavado, habían roto los precintos, no declararon móviles -primero dijeron que era 8 o 9 después 17-; no había Unimog y después había", enfatizó.

Para el funcionario de Bullrich no hubo encubrimiento. "Machado no puede imputarle ahora a la Gendarmería haber limpiado pruebas porque lo que hizo la Gendarmería es cumplir el reglamento interno", dijo Cané, al ser consultado sobre el tema, y agregó: "No aseguro nada, digo que el argumento es falaz, porque cumplió con los reglamentos internos, entonces endilgar un escenario de "modificación de prueba", un "acuerdo".

Asimismo, negó presiones del Poder Ejecutivo sobre el juez federal de Esquel, quien ya rechazó la recusación de la familia del joven. "El Gobierno no tiene ninguna influencia sobre un juez (Guido Otranto), que ha demostrado ser absolutamente independiente", remarcó el secretario de Estado. "Hace un mes atrás a Otranto lo criticaban por haber aplicado la ley vigente al sector de la comunidad mapuche, y ahora lo critican", añadió.

Ámbito Financiero reveló en exclusiva este viernes que Otranto ordenó la semana pasada un allanamiento en un cementerio Santa Mónica de la localidad bonaerense de Merlo, en el marco de la búsqueda de Maldonado. El dato implica un giro en la causa ya que revela que la Justicia no sólo enfoca el rastrillaje en Chubut, donde se realizó el operativo de represión de Gendarmería Nacional, sino también en el conurbano bonaerense.



Ronda de declaraciones

Para el próximo sábado fue citado a declarar el gendarme Armando Robledo, quien confesó haber arrojado una piedra contra uno de los "encapuchados" que cruzaron el río Chubut para escapar del violento desalojo. Esa afirmación surge de un sumario interno abierto en la fuerza, que fue enviado al juzgado de Otranto. El miércoles que viene habrá una reconstrucción de ese operativo, con ayuda de los mapuches.

A lo largo de la semana ya declararon ante el juez y como testigos al menos 11 gendarmes. En una primera tanda se presentaron Marcos Anastasio González, Sergio Roberto Rigonatto, Jorge Luis Fortunato y Daniel Alberto Orrego, quienes el primero de agosto ingresaron a la Lof en Resistencia. Otros tres testimonio, pero no trascendieron sus nombres.

El jueves pasado declararon Hugo Fabián Díaz, Daniel Alejandro Gómez, Orlando Federico Yucra y Juan Rofolfo Prieto, quienes no aportaron no aportaron datos sustantivos para la causa. "Los cuatro efectivos entraron a la comunidad el primero de agosto. Dos se quedaron arriba y dos se acercaron al río durante el operativo, y vieron cómo los manifestantes encapuchados huían y cruzaban el río, pero ninguno de los cuatro vio un piedrazo", explicó Cané.

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