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El revanchismo y la debilidad de un Gobierno reformista, causas de la crisis en Perú

El intento del Congreso opositor de cogobernar chocó con el presidente Martín Vizcarra. Con una débil representación legislativa, éste buscó apoyo popular con una agenda anticorrupción que golpea a sus rivales.

Un partido herido por una derrota electoral impensada, el fujimorismo, y dirigentes encumbrados en el poder que operan como una mafia criminal son, a entender de analistas, las razones que envolvieron a Perú en una espiral de crisis institucionales en los últimos tres años.

En el capítulo más reciente de esa reyerta, el país se convirtió la noche del lunes en la segunda nación de América Latina en tener dos presidentes, detrás de Venezuela. Como ese caso, al caos institucional se llegó por la misma vía: un enfrentamiento franco entre los poderes ejecutivo y legislativo o, como sostienen analistas consultados por Ámbito Financiero, entre el fujimorismo y todo lo que no pertenezca a esa fuerza política. La grieta a la peruana.

“En Perú nos encontramos con un país que todavía, veinte años después, está dividido entre un voto fujimorista y uno anti. No hay partidos sino grandes bandos”, explicó el analista político y periodista Bruno Rivas a este diario. Eso llevó a que las últimas elecciones (2016) fueran las más polarizadas, con un candidato, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que ganó a Keiko Fujimori por apenas unos miles de votos gracias el apoyo antifujimorista. “Esa derrota tan estrecha fue un golpe demasiado fuerte para un movimiento político tan poderoso”, agregó.

Luego de dos años de constantes bloqueos en el Congreso, donde sí había triunfado el fujimorismo, y con el indulto al expresidente Alberto Fujimori de por medio, PPK renunció acorralado por un caso de corrupción y Martín Vizcarra asumió la Presidencia. Heredó, entonces, los intentos de la oposición por eclipsar al poder ejecutivo.

“El fujimorismo pensó que Vizcarra se convertiría en el presidente débil que ellos necesitaban para poder manipular y cogobernar. Los primeros meses fueron de diálogo pero cuando el mandatario se dio cuenta de que no iba a tener margen de acción, tomó una posición de confrontación”, indicó Rivas.

Vizcarra, un exgobernador del sur peruano, se ganó el apoyo popular con una campaña anticorrupción jamás vista en Perú. Fruto de ella, se aceleraron las investigaciones por el escándalo de Odebrecht, que llevaron a Keiko Fujimori a una prisión preventiva desde hace once meses; y se abrió una pelea para reforma la justicia. Modificar la designación de los jueces del Tribunal Constitucional (TC, el órgano que debe definir un recurso de excarcelación de la líder opositora) es parte de esa agenda.

“Hay dos explicaciones para esta crisis: una de carácter estructural que tiene que ver con la relación degenerativa entre el Congreso y el Ejecutivo en los ultimos tres años, y otra coyuntural por la elección del TC”, consideró en diálogo con Ámbito Financiero Oscar Vidarte, internacionalista de la Universidad Católica de Perú. “Dentro del fujimorismo hay mafias que obviamente no quieren que nada cambie y siempre fueron un punto de tensión muy importante. Estos hicieron que la dinámica de la política peruana girara en torno al enfrentamiento entre los dos poderes”, agregó.

Para este analista, más allá de los índices de crecimiento económico que para muchos observadores colocan al país en un ejemplo de modelo de negocios en la región, ese desarrollo jamás llegó al nivel institucional. “Nuestras instituciones tienen grandes problemas y si bien los últimos gobiernos pudieron sobrevivir con grupos parlamentarios reducidos, una oposición intransigente y con grupos criminales en su interior hicieron imposible cualquier tipo de diálogo. Por eso uno de los principales objetivos de Vizcarra es institucionalizar el pais cambiando las reglas electorales, el nombramiento de jueces, luchando contra la corrupción”, detalló.

Pero esa cruzada reformista que el mandatario peruano encabeza le valió la mayor crisis desde al autogolpe de Alberto Fujimori en 1992: un parlamento opositor disuelto -irónicamente en base a un artículo de la Carta Magna fujimorista-; una presidenta en funciones, Mercedes Aráoz, designada por los legisladores en respuesta, consolidando así el doble comando de poder; y una puja por la constitucionalidad o no de su decisión.

“Vivimos una política constante de confrontación. De un lado un partido fuerte, que vela por sus propios intereses, y del otro gobiernos débiles, sin mayorías legislativas. Lo que nos termina dejando en claro esta nueva escalada es la crisis de partidos políticos que vive Perú desde la década de 1990”, señaló Rivas. “Tenemos movimientos que aparecen en momentos electorales (para disputarle el poder al fujimorismo) y ahí quedan. Desaparecido el caudillo, desaparece el movimiento”, indicó.

Vizcarra parece adentrarse en una ruptura de esa tradición con esta batalla abierta contra la fuerza que ha dominado la vida política peruana durante veinte años. Resta ver los límites que la debilitada institucionalidad peruana tiene para ponerle. Por lo pronto, en la calle va ganando la pulseada, con manifestaciones de apoyo por su decisión contra el parlamento, que tiene 90% de imagen negativa. Como reflexionaba ayer un peruano en una de esas movilizaciones: “¿Por ellos, los legisladores, quién ha salido a la calle?”.

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