Política

Embargan por u$s 80 millones a la madre, hermana de Nisman y a Lagomarsino


El fiscal federal Juan Pedro Zoni pidió este jueves que se cite a declaración indagatoria de la madre y la hermana del fallecido fiscal Alberto Nisman y al técnico informático Diego Lagomarsino por participar en una presunta maniobra de lavado de dinero a través de una cuenta bancaria en Nueva York de quien fuera titular de la UFI Amia.

El pedido del fiscal se basó en documentación llegada de los Estados Unidos que permite presumir que tanto los imputados como el financista Claudio Picón, habrían permitido "introducir en el circuito legal fondos y/o bienes del fallecido Natalio Alberto Nisman presuntamente originados a partir de actividades delictivas".

Zoni pidió al juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, que además de indagarlos, instrumente una nueva batería de medidas de prueba -cuyo contenido no se difundió- y que les trabe embargo por 80 millones de pesos.

El elevadísimo monto equivalente a los casi 10,5 millones de pesos de depósitos y propiedades involucrado en la maniobra, más la multa de hasta diez veces ese valor previstas en la legislación contra el lavado de dinero.

Además de propiedades en la Capital Federal y Punta del Este, la documentación aportada por el banco Merril Lynch y la Unidad de Información Financiera (UIF) permitió detectar transferencias a esa cuenta apoderado de un total de 666.690 dólares entre septiembre de 2012 y agosto de 2014.

"Se ha logrado establecer la existencia de distintos bienes y fondos, que a pesar de aparecer vinculados a distintas personas que actuaran como testaferros, en realidad eran propiedad de Natalio Alberto Nisman", agregó el dictamen.

Para la fiscalía los bienes y montos que manejaba a través de terceros el fallecido jefe de la Unidad Fiscal Amia son "exorbitantes" en relación a su patrimonio e ingresos como funcionario público y adviritió que "no ha sido posible vincular el origen" con "actividad lícita alguna".

"Resulta evidente que los distintos gastos y bienes reseñados permiten advertir un incremento patrimonial que no resulta compatible con los ingresos que registró como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación", agregó el fiscal Zoni.

Nisman abrió la cuenta en el banco neoyorkino omitiendo su condición de funcionario público, lo que lo convertía en "persona politicamente expuesta", y para ello declaró como ocupación la de abogado en actividad.

La UIF también individualizó a varios depositantes en esa cuenta que indicó como "movimientos sospechosos" por parte de Joseph Gestetner, Daniel Benayon, Rodfa Limited, al financista Damián Carlos Stefanini -desaparecido misteriosamente en octubre de 2014-, y al citado Picón.

Otros depositantes identificados mediante los mecanismos internacionales de intercambio de información sobre lavado fueron Guillermo Salemi Iungelson (desde Israel) y las sociedades Las Tierras USA y VIvatierra SA.

Para formular esa acusación se tuvieron en cuenta el pago de departamentos de un fideicomiso en Dorrego 1771 desde 2013 a nombre de Sara Garfunkel, que se dejó de abonar en enero último a la fecha. El dinero abonado, mas de un millón de pesos, "no se condice" con el patrimonio de la madre de Nisman.

El fiscal pidió además la indagatoria del empresario Picón, quien supuestamente prestó a Nisman un auto Audi Q3 2.0 TFSI que usaba de manera habitual y que para la fiscalía era del ex titular de la UFI AMIA.

En el dictamen se recordó que Nisman estaba "impedido de ejercer el comercio o cualquier actividad distinta a la de sus funciones (?) por lo que cabe concluir que todo ingreso patrimonial que no haya sido debidamente declarado se encuentra justificadamente de ilícito".

La causa se abrió tras la muerte del ex titular de la UFI AMIA en enero pasado, cuando se supo de la existencia de la cuenta bancaria en el Merril Lynch de Estados Unidos en la que su madre y su hermana eran titulares, condicón a la que luego se sumó Lagomarisno.

Nisman figuraba como el apoderado de la cuenta, lo que le permitía realizar operaciones sin autorización de los presuntos titulares.

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