Política

Emergencia alimentaria: Diputados vota y Senado ya da guiño (furia contra piqueteros)

Legisladores del oficialismo y muchos antimacristas coinciden en la pésima estrategia que se adoptó desde un sector de la oposición. Están molestos con el "apriete" de los supuestos "movimientos sociales". Dudas sobre montos para los próximos meses y temor por hueco fiscal a próximo gobierno.

La emergencia alimentaria que se busca activar hasta fines de 2022 tendrá hoy los votos necesarios en un sesión corta y “cordial” que intentará realizar Diputados, tras el acuerdo de paz logrado ayer entre el presidente de la Cámara baja y peronista con témpera -ahora acuarela- PRO, Emilio Monzó; el jefe kirchnerista, Agustín Rossi; y el líder del interbloque Cambiemos, Mario Negri. Esta cuestión implicará un nuevo festín megamillonario que tendrá que surfear la actual gestión y, en especial, quien gane las elecciones presidenciales.

En paralelo, el PJ -que responde a Alberto Fernández- y el kirchnerismo en el Senado confirmaron a Ámbito Financiero que aceptarán “rápido” lo que aterrice desde Diputados. Sin embargo, en el justicialismo están molestos con la “pésima estrategia” que adoptaron sectores de la oposición con respecto a este tema. Hay coincidencia entre el oficialismo y bancadas antimacristas por el “apriete” piquetero, representado en gran parte por el Movimiento Evita y la terminal papal de los “movimientos sociales”, Juan Grabois, por quien rezan para que entre en silencio.

“Se podían haber realizado otros mecanismos y evitábamos todo este lío en el Congreso. Estábamos todos contentos con los recintos cerrados. Ahora no queremos que se nos vaya la mano con este tema y vamos a tratar de debatirlo lo más rápido que podamos en ambas cámaras para no matarnos”, señaló un encumbrado legislador de la oposición a este diario. Misma opinión exfolia desde la semana pasada el oficialismo, que ayer ratificó junto a todo su interbloque de Diputados el acompañamiento a la iniciativa.

Detrás del enojo en oficialistas, peronistas y algunos kirchneristas de Diputados y el Senado aparece la puja de poder y fondos que los piqueteros quieren marcar, tal como contó ayer Ámbito Financiero. El mazazo fiscal que involucra la jugada deberá ser solventado, en gran medida, por el ticket que venza en las próximas elecciones presidenciales, es decir, una gestión que estará atragantada por el poco margen que habrá para rifar partidas.

El proyecto “unificado” plantea que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y disponer un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. El plumeo del texto quedó en manos del Movimiento Evita.

Además, se dispone un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Desde 2020, el jefe de Gabinete deberá “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC”.

La discusión pasa ahora por los datos que ofreció -de manera ágil- la Oficina de Presupuesto del Congreso, en cuanto a si para el vigente año corresponde un aumento de $4.000 millones o $10.400 millones. El oficialismo aún duda si apoyar en general la iniciativa y debatir ese artículo en particular -y comprometer a la próxima gestión con más fondos-, o si decide acompañar sin extender la discusión. Para Cambiemos, lo importante ahora es no tocar la meta fiscal y se basarán en otro artículo del “proyecto unificado”, que faculta al Ejecutivo a reestructuraciones presupuestarias, o el equivalente a sacar de un lado para cubrir el hueco “alimentario”.

El Gobierno primero descartó las quejas de los piqueteros y en los últimos siete días viró de postura, pese a las generosas partidas que destinó la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Esta funcionaria arregló con Grabois, la oposición y el oficialismo la emergencia social: hacia movimientos sociales y piqueteros fueron direccionados $30.000 millones en tres años. Esa emergencia se vence a fines del corriente año.

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