Emergencia alimentaria: piqueteros arañan fondos y tajean poder 2020-2022

El Movimiento Evita empuja la iniciativa y busca recuperar protagonismo junto al papal Juan Grabois, quien fue beneficiado por el macrismo con una emergencia social de $30.000 millones. Oficialismo analiza viraje de estrategia.

La estrategia opositora de empujar la emergencia alimentaria en tiempo récord esconde una simple puja de fondos y poder para los insaciables piqueteros, muchos de ellos refugiados en movimientos sociales que nacieron con un objetivo distinto. Lo más curioso es que el mazazo fiscal que involucra la jugada deberá ser solventado, en gran medida, por el ticket que venza en las próximas elecciones presidenciales, es decir, una gestión que estará atragantada por el poco margen que habrá para rifar partidas.

El lunes apareció un proyecto “unificado” por la mayoría de bloques que ahora responden al ultrakirchnerista Frente de Todos y a terminales legislativas de movimientos sociales. En las últimas horas se concretó el pedido de sesión especial para las 11.30 de este jueves, con varias iniciativas sobre la temática en cuestión y con firmas que incluyen al lavagnismo. Es decir, un piso amplio para dar inicio al convite en el recinto si asisten los legisladores opositores.

El proyecto “unificado” plantea que se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y disponer un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. El plumeo del texto quedó en manos del Movimiento Evita.

Además, se dispone un “incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición”. Desde el año próximo, el jefe de Gabinete estará facultado para “actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro ‘alimentos y bebidas no alcohólicas’ del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que elabora el INDEC”. Todo un desafío para un Estado cada vez más fofo.

La estrategia inicial del oficialismo fue negar el pedido y desplegar en medios de comunicación las partidas megamillonarias presupuestadas y los refuerzos realizados este año, pese a la crisis cambiaria y de recesión económica que se activó en abril de 2018 y que se agravó post PASO. En las últimas horas comenzó a virar esa estrategia, aunque Cambiemos definirá hoy qué hacer, de manera oficial, cuando se reúna su interbloque en Diputados.

En la Cámara baja, los proyectos de emergencia alimentaria no cuentan con dictamen de comisión, por lo que necesitarán dos tercios para ser habilitados en el recinto y luego votados, si es que prosperan. Si el macrismo se niega a dar quorum y después bloquea la iniciativa, pagará un costo político alto en plena campaña electoral. Pero si baja para dar inicio al debate y luego exige mejoras o cambios -anoche primaba esta opción- pondría a la oposición a la defensiva ante la mirada de los piqueteros -algunos estarán en pleno corte de calles-, quienes reconocen como única líder a Cristina de Kirchner, la candidata a vicepresidente del Frente de Todos.

Todo esto es seguido de cerca -y con un barniz de desconfianza- por Alberto Fernández, quien por ahora se apoya en el flamante jefe del PJ en el Senado, el cordobés Carlos Caserio. Esa cámara -no es más “amigable” desde la partida de Miguel Pichetto- podrá frenar, modificar o envalentonar la ley. Mientras tanto, desde el oficialismo se solicitó, a través de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, que la Oficina de Presupuesto del Congreso analice el costo fiscal de los proyectos sobre emergencia alimentaria.

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