Política

Espionaje: Ramos Padilla apura a Bonadio y Carrió se carga ofensiva

Resolución aclara a juez de "cuadernos" motivo de su imputación. "Lilita" se sumó a batallón que quiere mudar el caso D'Alessio a Comodoro Py. Planimetría del poder en alerta por cese de "rebeldía" de Stornelli.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, emitió ayer una nueva resolución en el marco de la causa por presunto espionaje ilegal y extorsión ligada al falso abogado Marcelo D’Alessio y salió a cruzar a su par federal Claudio Bonadio, además de adoptar una serie de medidas que tendrán impacto político en el expediente. Citó a declarar a pretensos querellantes, entre ellos Aníbal Fernández (10/7) y al dirigente del PJ, Roberto Pórcaro, (otra presunta víctima a quien la organización estaba “caminando”). Pero también el juez comenzó la dispersión de pruebas a varios tribunales que están reclamando evidencias de las causas para nutrir sus propios expedientes en el interior del país. Ramos Padilla exigió culminar con la traducción de exhortos que serán cursados a Estados Unidos y citó a Juan José Gómez Centurión -hoy precandidato a presidente- para el 12 de julio. El juez del caso “cuadernos” contestó la notificación de su imputación pero exigió precisiones: “Sirva detallar con precisión cuál es la imputación”, replicó.

“Hágasele saber al magistrado que en las presentes actuaciones ha sido formalmente denunciado en dos oportunidades, que uno de los denunciantes ha sido tenido como parte querellante, además de que su actuación ha sido objeto de tratamiento por parte del Ministerio Público Fiscal y fue mencionado en diversos testimonios, archivos de audio y documentos digitales que forman parte de la prueba de la causa”, apuntó Ramos Padilla, subiéndolo definitivamente al ring. Reprogramó la indagatoria al periodista de Clarín Daniel Santoro que justificando que su nuevo abogado estaba de viaje logró un aplazamiento para el 17 de julio. Y citó a declarar al abogado de los Moyano, Daniel Llermanos. Ramos Padilla declaró su segunda rebeldía: a Marcelo González Carthy, vinculado al capítulo de presunto lavado de activos sobre el que anunció que resolverá si procesa o no a Marcelo D’Alessio.

Mientras tanto, Elisa Carrió se puso al hombro la nueva estrategia para tratar de tabicar la causa a través del intento de recusación de uno de los jueces de Casación que debe definir la “competencia” del caso, es decir si continúa en el juzgado de Ramos Padilla o si debe dirimirse en Comodoro Py. Notificada por el juez de su carácter de imputada en la causa presentó un escrito en el que pidió apartar a Alejandro Slokar y que se inhiba de actuar porque la diputada lo había denunciado en 2016 ante el Consejo de la Magistratura. Ese expediente disciplinario -que tenía como cargos haber retrasado una definición sobre José López, además de cuestiones menores- había quedado congelado y estaba a punto de prescribir. El consejero Pablo Tonelli lo había resucitado pero con el Consejo convulsionado con la salida de Miguel Ángel Pichetto, la cuestión se había diferido. Finalmente, se incluyó la eventual citación a Slokar por el denominado artículo 20 (equivalente a una “indagatoria”) para el jueves. Pero entre las filas del oficialismo, se cocinó otro dictamen que iba por la desestimación de los cargos, a contramano de Carrió.

El titubeo del Consejo se dio luego de que Slokar rechazase los argumentos para apartarlo que había formulado Carrió. En el descargo dirigido a sus compañeros de sala, el camarista recordó que por doctrina de la Corte son improcedentes las recusaciones que sólo tienen como antecedente el mero pedido de un juicio político, y le sumó precedentes de la Sala I, donde tampoco se había hecho lugar a los apartamientos. Tampoco, argumentó, existiría temor de parcialidad basado en algún hecho objetivo o que existiese animosidad sobre Carrió, que planteó su denuncia ante el Consejo como diputada y en el ejercicio de sus funciones.

La planimetría del poder está pendiente de esta definición en Casación que podría cambiar el curso del expediente para obturar la amenaza de un “Watergate” criollo: Balcarce 50, 25 de Mayo 11 (la exSIDE), el holding mediático de la calle Tacuarí y un sector importante del edificio de Comodoro Py 2002 están a la espera de definiciones. Esta semana Casación debía definir no solo la cuestión de competencia (Dolores o Retiro), para lo cual ya estaban en condiciones de votar, sino además la continuidad de la prisión preventiva del exespía Hugo Rolando Barreiro, que ofició de nexo entre D’Alessio y varias de las maniobras denunciadas. Pero a su vez, debía expedirse sobre el status de rebeldía del fiscal federal Carlos Stornelli. Este era uno de los puntos que más interesaba al propio ecosistema de la Justicia federal.

Slokar podría recibir una mala noticia de sus pares Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma, que son conscientes de este contexto lo que generaría que no vuelva a entender en la causa. Pero a su vez, resulta difícil que la Sala II adopte una definición que contradiga a la Cámara Federal de Mar del Plata con el carácter provisorio con el que delegó en Ramos Padilla la investigación. Sin embargo, existen motivos para notar que la jugada operó a varias bandas en simultáneo: la abogada que firma la recusación presentada el martes de la semana pasada es Mariana Stilman, que tras un traumática salida de la Unidad Especial AMIA, logró el sábado el sexto lugar en la lista de diputados del oficialismo por la provincia de Buenos Aires y primero para la Coalición Cívica.

El “pleno” que jugó Carrió haciendo valer su rol de “imputada” de manera silenciosa inscribe la maniobra en el marco de la estrategia más sofisticada que desplegó el oficialismo desde que estalló el escándalo. Por lo tanto, podría tener efectividad. Astuta, Carrió no presentó argumentos ante Casación (porque no es parte del incidente, la investigación sobre ella acaba de empezar), sino que en su pedido para apartar a Slokar adhiere al batallón de argumentos que presentaron otros imputados y el Ministerio Público. El fiscal de Cámara Juan Manuel Pettigiani, el propio D’Alessio, el exarrepentido Leonardo Fariña; el presunto operador Carlos Liñani; el abogado que era mencionado como socio por D’Alessio, Rodrigo González y el propio Stornelli son los que pugnan que Casación defina que toda la causa se mude a Comodoro Py.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario