Política

Estrés judicial por conteo provisorio sacude a Gobierno

Cámara Electoral dio por incumplido plazo legal para que fuerzas políticas accedan a la programación del software que transmitirá los telegramas el domingo. Avalaron así protestas contra Frigerio, Smartmatic, la DINE y el Correo por escrutinio. PJ pidió apartarla. Servini exigió una respuesta hoy.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) dio una clara muestra de hastío e hizo tronar una orden que el Gobierno nacional debió haber considerado motu proprio para otorgar transparencia al proceso de conteo provisorio de las PASO. Ahora, la decisión de la CNE -a horas de los comicios- sonó a escarmiento y dejó en mala posición a las autoridades de la Dirección Nacional Electoral, el Correo Argentino y la proveedora Smartmatic, en el ojo de la tormenta por la improvisación en la implementación del sistema de escaneo de telegramas que tuvo como origen remoto dar la celeridad a los resultados provisorios. La tormenta perfecta se ciñó sobre la Casa Rosada también en otro frente: la jueza federal con competencia electoral María Servini le dio un plazo de 24 horas para que conteste el amparo interpuesto por el Frente de Todos por la eventual exclusión de la empresa del procesamiento de los datos que surjan de la votación. Ese plazo se extingue hoy a las 13.30. Con un adicional que implica otra bofetada, porque insiste en saber si cumplió con la resolución de la CNE del 1 de agosto, la misma que el máximo Tribunal de contralor electoral ya dio por incumplida en su acordada de ayer.

Con la firma de Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, la CNE hizo un repaso de sus decisiones históricas sobre el escrutinio provisorio -sin valor legal y bajo la órbita del Poder Ejecutivo-, pero destacó su intención de dotar de transparencia su marco normativo para los partidos políticos. Y especificó que “mediante Acordada N° 3/17 el Tribunal estableció ´requisitos y condiciones mínimas para la realización del escrutinio provisorio’, entre los cuales se previó específicamente, con respecto al acceso al software (punto 5.1) que ‘[e]l programa de escrutinio provisorio, incluyendo sus códigos fuente, y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados [...], deberán ponerse a disposición de las agrupaciones políticas que participen en los comicios con la mayor antelación posible y al menos treinta (30) días antes de la fecha del acto electoral”. Subrayaron específicamente ese plazo, abiertamente incumplido por el Gobierno que se manejó con negligencia respecto a este punto y alimentó cada una de las objeciones y advertencias que -delirantes o no- viene remarcando la oposición respecto al rol de Smartmatic en la elaboración del novedoso software que estaba destinado originalmente a dar mayor transparencia y celeridad en el conteo. El punto de inflexión técnico fue la aparición de un informe de la Fundación Vía Libre que detectó -sólo por haber accedido a una “muestra” surgida de uno de los simulacros- que se utilizaba para la transmisión de datos un componente antiguo de programación que ya acarreaba en su haber 46 vulnerabilidades desde el punto de vista informático, lo que abría un abanico de posibilidades para una eventual peligro de seguridad.

La CNE recordó lo que ya escribió: que esto era válido para las modificaciones al software que se generaran. Parte de las objeciones de las que dio cuenta Ámbito Financiero fue que no se había terminado de “emparchar” el sistema para alistarlo a tiempo. Esa situación generó ausencia de auditoría y su consecuente retaceo de código fuente a las fuerzas políticas que, además del PJ, incluyen a los apoderados de Roberto Lavagna.

La intimación fue un latigazo dirigido a la DINE a cargo de Rodrigo Conte Grand y dependiente del Ministerio del Interior conducido por Rogelio Frigerio. De refilón, también impacta en el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales Adrián Pérez, uno de los encargados de defender a capa y espada el procedimiento que ahora la propia Justicia destaca como incompleto. La CNE destacó el “incumplimiento” del Ejecutivo y calificó de “insuficiente” el plazo de “48 horas antes de la fecha establecida para cada jornada electoral” con el que contestó la DINE la orden de la Justicia. Fue el Gobierno el que puso al fuego el caldero de las paranoias folclóricas sobre adulteración de resultados que se azuzan en tiempos electorales, lo que puede tener un efecto búmeran la jornada del domingo con este nivel de estrés previo.

En ese caótico marco el PJ había formalizado un amparo ante Servini para que se deje sin efecto la digitalización desde los centros de votación, pero que por vía cautelar se aparte a Smartmatic. Eso en realidad implicaría la suspensión del conteo provisorio porque sin la empresa que carga los datos no podría organizarse un proceso de conteo de otro organismo en tan poco tiempo. Lo que sí podría ocurrir sin grandes contratiempos sería que el Gobierno disponga gatillar el “Plan B” y volver a la centralización de los telegramas desde los establecimientos de votación hacia los centros del Correo, cuyo incremento para esta elección es a casi 1.100 sedes que debían funcionar como back up. Habría tirado a la basura el u$s1,3 millones que costó su diseño, pero se ahorraría una jornada de zozobra si es que -con el escaso tiempo por delante- los fiscales informáticos de los partidos confirmaran las falencias de seguridad que vienen alertando.

Otra opción integra el amparo. Que haya veedores designados para que se auditen en tiempo real todos los procesos técnicos con posteriores auditorías. Como sea, el Gobierno paga caro su displicencia y su confianza en que no iba a ocurrir lo que se desató ayer: que sea la Justicia la que marque los límites y lo coloque en el terreno de la opacidad electoral.

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