25 de enero 2019 - 00:03

Extinción de dominio: Garavano alimenta velocidad oficialista

Ministro de Justicia se escondió durante la trifulca sobre este tema en el Congreso. Ahora alentó defensa de la decisión presidencial, que lesiona al antimacrismo. UCR advirtió problemas "en la forma".

Germán Garavano y Federico Storani.
Germán Garavano y Federico Storani.

El Gobierno aprovechó al máximo la pícara jugada de activar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el demorado régimen de extinción de dominio -para recuperar bienes de la corrupción, el narcotráfico y la trata, entre otros delitos- para dejar a la oposición, en plena previa electoral, en un difícil sendero de definición. En las últimas horas continuó la calesita oficialista el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien se borró del debate sobre este tema en varias ocasiones durante los tres años que duró la discusión en el Congreso, que aún no estaba cerrada.

Garavano utilizó el período estival y la exposición de las últimas semanas con el anuncio de un régimen penal juvenil y la extinción de dominio para levantar un perfil alicaído. El último tema fue solucionado vía DNU tras una siesta que el propio macrismo alentó pero que le endilga a la oposición.

Un desordenado proyecto fue impulsado en 2016 por el Frente Renovador, que entonces tenía en sus filas de Diputados a Sergio Massa. Tras algunos aportes de Cambiemos, la iniciativa se votó -acompañaron justicialistas- a mitad de ese año. Ni bien aterrizó en el Senado, el PJ de Miguel Pichetto dinamitó el texto y lo cambió de manera absoluta en un dictamen -también con aval del oficialismo- que perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo de fines de 2017. El año pasado, y tras varias idas y vueltas, el justicialismo votó junto al kirchnerismo un nuevo despacho que no fue acompañado por el macrismo.

De regreso a Diputados, Cambiemos ni siquiera convocó a las comisiones para tratar el proyecto. Allí, Garavano no apareció para ayudar al oficialismo, quien reclamaba precisiones a Casa Rosada. Por reglamento, la cámara baja debe insistir con la versión original de allí o lo modificado por Senado. Ambas iniciativas hacen agua en distintos puntos, distan entre sí y derivaron en la decisión del Gobierno de implementar el régimen vía DNU.

“Nos hemos comunicado con la Procuración General de la Nación, que está avanzando en la implementación de la Procuraduría que establece el decreto, con lo cual el DNU ya está operativo y funcionando para avanzar en esa dirección”, aseguró ayer Garavano, y dijo que la norma había sido enviada al Congreso. Ámbito Financiero se comunicó anoche con autoridades de la comisión bicameral de trámite legislativo -encargada de analizar esta cuestión- y no tenía novedad sobre el anuncio del ministro de Justicia.

Garavano bajó el precio a un posible consenso para votar una eventual ley. Ese insólito titubeo fue alimentado, entre otros, por el senador y presidente del PRO a nivel nacional, Humberto Schiavoni. “Si hubiera coincidencias en el texto del decreto, no creo que haya dificultades para tratarlo legislativamente”, señaló el legislador misionero.

Quien puso orden sobre este asunto fue el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. “Este DNU va a ir al Congreso, esto es algo que se va a discutir con representantes de ambas cámaras de cara a la sociedad, donde van a quedar bien claras las posiciones y si esto finalmente se sanciona, si realmente se convalidad este DNU en el Congreso, la Argentina va a poder ratificar esta herramienta que ya está vigente. Es muy importante para la sociedad escuchar, ver las posiciones que tienen los distintos espacios políticos respecto a este tema tan importante”, sostuvo.

Frigerio también explicó que “después de tres años, el presidente entendió que no podíamos esperar más, que necesitábamos esta herramienta para recuperar lo que la corrupción le sacó a los argentinos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir”. En esa línea, destacó: “Hay más de $20.000 millones en proceso de ser recuperados y hay embargos que superan los $100.000 millones. Estamos hablando del equivalente a dos presupuestos de mi ministerio en obras públicas”.

Desde la UCR, apareció el aporte del vicepresidente segundo de la Unión Cívica Radical, el oficialista crítico Federico Storani, quien dijo estar “de acuerdo en la cuestión de fondo” pero advirtió: “La cuestión de forma va a tener sus problemas porque va a ser atacado por inconstitucionalidad”.

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