Política

Fiscalía electoral advierte al Gobierno por violación a la veda

También envió "mensaje" a la oposición por lluvia de cuestionamientos por posibles falencias en escrutinio provisorio. Recordó que procedimiento legal de conteo no cambió y es el único válido. Dardo hacia inauguraciones "maquilladas" de Cambiemos. Jueves, reunión clave en Cámara Electoral.

La fiscalía federal con competencia electoral a cargo de Jorge Di Lello hizo público ayer un comunicado con un doble objetivo: advertir al Poder Ejecutivo sobre la “zona de riesgo” en la que ya ingresó con inauguraciones (o “recorridas”) de obra pública en medio de la veda electoral y aventar (y a la vez desalentar) la idea de un posible fraude que la oposición dispara sin criterio sobre el proceso de escrutinio provisorio. El mismo escrito cumplió la función de descomprimir la presión que las fuerzas políticas están haciendo sobre la Cámara Nacional Electoral, en tiempo de descuento para las PASO, acumulando planteos por escrito y “alegatos de oreja”. En sí, recuerda que el proceso de recuento de votos provisorios –con fines informativos- también tiene un respaldo de control humano, más allá de la ciertamente improvisada puesta en marcha del sistema de escaneo desde cada establecimiento de votación que dejó dudas en la etapa de simulacros. En síntesis, que nada se modifica con respecto al recuento definitivo, único válido a nivel judicial más allá de que la jornada de las PASO se prevea con tironeos mucho más intensos que en elecciones anteriores.

Como adelantó Ámbito Financiero, la justicia electoral rehúye de introducirse en el provisorio por la simple razón de que está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y porque, hasta ahora, no se demostró (en los escritos judiciales) posible afectación a la labor de alguna autoridad de mesa. Sería la única vía que habilitaría una supervisión mayor. “No se puede investigar un homicidio sin cadáver”. La metáfora surge de los pasillos judiciales sobre la “ausencia de caso” en la alarma de “fraude” que prendió la oposición con argumentos variopintos pero que no explicarían cómo esa manipulación en la carga de datos podría incidir en el resultado concreto, imposible de ser alterado en base a la documentación física que queda en manos de las autoridades electorales y los fiscales partidarios. Hay un dato político: Alejandro Tullio, el ex director nacional electoral desde la Alianza hasta finales del kirchnerismo fue el encargado de aportar expertise para la organización de la elección que esta vez tiene a Smartmatic como proveedora del provisorio. Cambiemos lo inundó de cuestionamientos (que resultaron infundados a la luz del resultado) en 2015 y los K lo defendieron con los mismos argumentos que ahora se invierten sobre la DINE. Lo mismo sobre Smartmatic a la que los kirchneristas destacaban sobre la legalidad de las elecciones en Venezuela con las que había triunfado Hugo Chávez, sin las controversias que denunciaba la oposición y que ahora cuestionan ante la introducción del escaneo de telegramas “in situ” que, por las dudas, contempla como “Plan B” que sean recogidos por personal del Correo Argentino si el sistema falla. La inversión de actitudes son una pintura de la campaña que redunda en consecuencia un ataque a la credibilidad del sistema electoral, peligrosa vía en la que se enfrascaron oficialistas y opositores.

El comunicado de la fiscalía “recuerda al Poder Ejecutivo Nacional la plena vigencia de la prohibición de la inauguración de obras públicas, conforme lo prevé el art. 64 quater del Código Nacional Electoral, sin perjuicio del art. 33 de la Constitución Nacional en cuanto establece la publicidad de los actos de gobierno y el criterio fijado por este Ministerio Público en los autos U.C.R. y Otros C / E.N. S / Amparo”. Advertencia para Mauricio Macri y el Gobierno que decidieron violar la veda directamente con inauguraciones o maquillarlas con “recorridas” por obras con los candidatos. Hay una distinción que prohíbe estos actos a nivel nacional con 30 días de antelación pero en la Provincia de Buenos Aires sólo son 15. Con el ingreso a la veda absoluta Di Lello decidió enviar un mensaje. Aunque con atenuantes. Citó un fallo con el que el radical Ricardo Gil Lavedra había intentado apuntar a Cristina de Kirchner en 2011 por inauguraciones dentro de la veda. Allí se estableció el criterio del bien social superior (referido a lo que se inaugure, por ejemplo un hospital) como excepción a la limitación.

También resaltó que “El Código Nacional Electoral fija la responsabilidad penal para los incumplimientos y las sanciones al respecto” sobre los recaudos legales de las autoridades de mesa y de todo aquel que participe del acto eleccionario sobre los documentos válidos para la justicia. El jueves a las 12 habrá una reunión de la Cámara Electoral con las autoridades partidarias que se preanuncia caldeada.

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