Política

Garavano confirmó que se le rechazará el acuerdo a Odebrecht y reveló maniobras de última hora

"Como está planteado el acuerdo se considera que es improcedente". Con esa frase el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que ni el Poder Ejecutivo ni la Procuración general de Alejandra Gils Carbó aceptarán el acuerdo ofrecido por Odebrecht para ofrecer información sobre el pago de sobornos en la Asrgentina a cambio de mantener las obras iniciadas.

"El acuerdo está dirigido al Ministerio Público Fiscal. El Poder Ejecutivo no puede negociar proyectos que estén involucrados con procesos judiciales en trámite", aclaró el funcionario en diálogo con Radio 10. "En los términos como está planteado no puede proceder", reiteró el ministro sobre la propuesta de la constructora brasileña.

Aunque la posición está tomada, Garavano reveló que en las últimas los empresarios sospechados de pagar coimas incorporaron nuevos elementos para convencer a las autoridades judiciales y nacionales. "Nos propusieron agregar documentación complementaria y el acuerdo que el juez Sergio Moro homologó sellado. Eso fue girado a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración Nacional del Tesoro (PNT). Son dos notas de procedimientos formales, pero son las que dan marcha al acuerdo en Brasil", detalló el ministro.

"En paralelo estamos trabajamos con la OA y la AGN en la versión de los dictámenes en comisiones verificadas (del Congreso) sobre (la ley de) las responsabilidades penales empresarias, porque se sacaba el acuerdo de colaboración, y el Gobierno considera que debe estar porque es la herramienta para resolver hechos de corrupción", señaló, y anunció que buscan "ver cómo se aplica porque la ley no puede legislar para atrás y es necesario que la justicia cuente con la información suficiente".

Garavano aclaró que "le corresponde a la Justicia llevar a adelante la negociación", pero justificó la intervención del Ejecutivo porque la fiscalía no había avanzado en esclarecer quiénes recibieron los u$s 35 millones que la empre declara haber pagado. "La empresa tiene que colaborar con la Justicia no con el Poder Ejecutivo, nosotros le decimos que deben hacerlo con la Justicia, pero que este acuerdo no es compatible con la legislación argentina", detalló.

"Además, está el tema de los contratos en marcha, donde la PTN tiene que revisar. El abogado del Estado es el que tiene que ver si se paran los contratos adjudicados por el gobierno anterior porque al generar compromisos para el Estado (aceptando el acuerdo) se puede incurrir en compromisos mayores para el Estado. Por eso le damos intervención a la Procuración del Tesoro", explicó el exmagistrado.

Asimismo, puso en duda la veracidad del testimonio de Leonardo Meirelles, quien vinculó a Gustavo Arribas en el pago de coimas, pero no recordó a otros funcionarios de la gestión anterior. "En febrero de la empresa me vinieron a ver y llama la atención la demora en avanza en el esclarecimiento de este tipo de hechos, y que luego termina en una declaración del cambista que no se sabe el tenor, es raro. Procesalmente es extraño no se sabe si es testimonial o indagatoria. Me asombran estas cosas. Siempre se dijo que Comodoro Py no tenía códigos y eso circulaba en los pasillos, me asombra", deslizó.

Por otra parte, Garavano replicó a Cristina de Kirchner por haber afirmado que fue Mauricio Macri quien liberó los pagos para reactivar el soterramiento del tren Sarmiento junto a la firma brasileña. "No deja de llamarme la atención que la Presiente de la gestión donde se recibieron los u$s 35 millones de sobornos pueda dar clases o hacer recomendaciones en torno a esta cuestión, en un contrato que gestó su gobierno y comenzó a aplicar su gobierno. No salgo del asombro", sostuvo, y advirtió que "son contrataciones muy complejas, obras millonarias, donde hay muchos intereses legítimos en juego". "Hay que ser prudentes y tratar de que se sepa qué pasó con las coimas, pero que la obra también se haga para evitar accidente de tránsito y que la gente llega tiempo a sus trabajo", enfatizó.

Affaire Lilita

En otro tramo de la entrevista, exhortó a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI9) que conduce Arribas y a la Justicia a determinar si la diputada de Cambiemos Elisa Carrió fue víctima de espionaje ilegal interno. "La denuncia es gravísima. La AFI armó un sumario administrativo para dirimir si eso es así. Expreso mi solidaridad con la diputada. Si cualquier persona que es monitoreada por un servicio estatal o paraestatal nos lleva a cosas que la democracia no debe permitir", indicó el funcionario.

Garavano se mostró ilusionado con que este escándalo no signifique la salida de Carrió de la alianza de Gobierno. "Esperamos que no, todos conocemos a la diputada, su vehemencia y su posición inflexible. Esto contribuye al espacio, incluso a mí me ha cuestionado varias veces. Marca puntos de inflexión. En muchas cosas es muy valiosa como parte del espacio y del Gobierno", destacó.

"Esperemos que sea una situación aislada, la AFI lo niega. Esperemos que se dirima. Lamentablemente en los últimos años hubo varias idas y vueltas con sectores de inteligencia, recuerdo lo de Milani y lo de Stiusso. Recuerdo también la denuncia por los correos electrónicos intervenidos. Lamentablemente es una deuda ir purificando los servicios de inteligencia y que haya mayor control", subrayó.

Ante la consulta sobre la posibles disolución de la AFI, el ministro respondió: "Hay posiciones que van en el sentido de convertir a la AFI en una agencia de investigación criminal, que trabaje para la Justicia en delitos más vinculados con delitos organizados como trata de personas y el narcotráfico".

Y en esa línea abogó por un tener un procedimiento más transparente en la selección de los jefes de la Agencia. "Son personas de confianza de los Presidentes. Es un modelo que está arraigado en el país, que les garanticen que no terminan siendo víctimas de estas mismas operaciones, o que no se generan conflictos como los que vivimos en estos últimos años. Es una asignatura pendiente en nuestro país", concluyó.

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