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Gobierno apuesta a fuero Contencioso para evitar la restitución de Fondo Sojero

ESTRATEGIA DE "CENTRALIZACIÓN" DE ACCIONES JUDICIALES, SIMILAR A LA QUE INTENTÓ CON SUBA DE TARIFAS - Amparo se diluyó e ingresó en lento proceso en la Capital Federal. Idéntica táctica a la aplicada para aumentos de gas. Procuración del Tesoro pidió varias inhibitorias a los juzgados del interior del país.

El Gobierno intenta conjurar cualquier intento judicial que pueda revertir la quita del fondo sojero a través de los tribunales. Nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), un nutrido grupo de intendentes pejotistas habían reclamado a través de un amparo la restitución del Fondo Federal Solidario (FFS), que implicaba el giro a las provincias del 30% de la recaudación por los derechos de exportación a la soja. Emulando la estrategia de centralizar los reclamos que había implementado con éxito en el caso de los aumentos tarifarios, la Casa Rosada volvió a apostar a centralizar las acciones judiciales en el estratégico fuero Contencioso Administrativo Federal. Ya tuvo un guiño: a las demandas se les dio tratamiento de proceso ordinario, lo que extiende los tiempos de resolución y evita medidas cautelares que frenen la vigencia de la disposición. Horizonte de tranquilidad para la administración Macri en 2019.

La causa madre que aglutina a un centenar de municipios ante la exigencia de restituir el FFS es la que planteó la FAM directamente ante el fuero Contencioso Administrativo Federal. Encabezados por la intendenta de La Matanza Verónica Magario, sumaron adhesiones de municipios de todo el país pertenecientes a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, San Juan, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, y Tierra del Fuego. Materializaron un hecho político, una foto en la puerta de Balcarce 50 y una acción judicial. Pero tras ese expediente hubo múltiples presentaciones de otros municipios ante los juzgados federales según su competencia territorial. Antes de que esos casos prosperen, el Gobierno se presentó en cada uno de esos juzgados a pedir la inhibitoria de los magistrados. No con un llamado para que se agrupen detrás de la FAM, sino para que realicen los planteos ante el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. La modalidad es idéntica a la estrategia de “escudo anticautelares” que diseñó la Procuración Nacional del Tesoro para los litigios por los aumentos del gas. Hasta ahora, la táctica escogida por Bernardo Saravia Frías se comprobó exitosa: más allá del revés de la Corte en 2016, las acciones colectivas surgidas de los subsiguientes aumentos no tuvieron consecuencias. Y hasta logró evitar medidas impuestas directamente a las empresas por los cortes de servicio con la orden de centralizar todo en tribunales metropolitanos. A nadie escapa que el Gobierno tiene en sus manos la renovación del 50% de los tribunales contenciosos de primera instancia, como reveló Ámbito Financiero, donde ya logró completar cuatro de las seis sillas en juego.

La FAM había solicitado un amparo pero la Justicia (en conformidad con el fiscal) decidió que sea un proceso ordinario “teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión planteada”. Se trata ahora de un “proceso de conocimiento” en lugar de un amparo, con tiempos más exiguos. El Estado se presentó en el caso que intentó la municipalidad de Villa Gesell contra el Decreto N°756/2018 y solicitó la “conexidad” con la causa principal. Los tiempos ya son laxos: la mayoría comenzó a mediados de septiembre, apenas el DNU fue publicado en el Boletín Oficial y registran magros avances. Las municipalidades de Villarino, Zárate, Mercedes, El Carmen, Merlo, Resistencia son algunos de los distritos que de manera silvestre fueron por fuera de la presentación de la FAM y que por ahora están en el limbo de unificarse o terminar diversificados pero en los tribunales contenciosos de la Capital.

La municipalidad de Villa Gesell apostó a los tribunales federales de Dolores pero se encontró con un revés de orden técnico: el juez Alejo Ramos Padilla denegó la medida porque adujo que los beneficiarios del fondo de la soja eran las provincias y no los municipios, y que sólo las primeras estaban legitimadas para reclamar su restitución. Parte del FFS creado durante el kirchnerismo dividía los fondos destinados a obras en provincias y municipios. Por eso el Gobierno se apuró en decretar que compensaría con $4125 millones el cese del Fondo Sojero. El conflicto de fondo, según la demanda, significó una pérdida de $ 10 mil millones para 2018 y de $41 mil millones para este año. Con lo que la compensación no alcanzaría a cubrir el 10% de esa cifra. El Gobierno estimó la cifra en $26 mil millones antes de la devaluación.

La presentación original solicitaba “la remoción de la norma inválida por contradecir prescripciones constitucionales a fin de que no se afecten los recursos de las municipalidades, declarando la vigencia de las normas creadas por el Decreto N° 206/2009 y las obligaciones asumidas en esa norma de rango legal por el Gobierno y en la ley 27.431 de Presupuesto para el año 2018” y que el Estado sea condenado a girar los fondos comprometidos. Al no tramitarse como amparo la declaración de inconstitucionalidad quedó en un limbo. “La decisión del Congreso expresada hace escasos ocho meses fue la de mantener el Fondo Solidario”, indicó la demanda que encabezó Magario, en referencia a la ley presupuestaria del año pasado. Y calificó al decreto como “un acto antidemocrático, antifederal y autoritario”, además de inconstitucional por no haber motivos “ni de necesidad ni de urgencia” para su dictado.

Obviamente, todas las actuaciones sufrirán el parate de la feria judicial de enero, por lo que la definición se estirará entrado el año que comienza.

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