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Gobierno busca regular por ley a los jueces de +75

Luego de que Ámbito Financiero revelara un juego de pinzas entre los jueces que permanecen en sus cargos excediendo el límite de edad de los 75 años que fijo la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo impulsa un proyecto para regular de manera homogénea la continuidad o no de quienes hoy obtienen medidas cautelares para quedarse si sus pliegos con reenviados al Senado. La situación se cristalizó en un informe del Consejo de la Magistratura donde se detalla la situación actual de 20 magistrados con intenciones de continuar. De esa nómina, hay varias categorías: los que obtuvieron un amparo que se encuentra firme; a los que el Poder Ejecutivo solicitó que se renueve por otros 5 años su vigencia; a quienes ya se les renovó por un nuevo lapso su designación (entre ellos el presidente del Consejo, el camarista civil y comercial Ricardo Recondo); y quienes renunciaron o cesaron de hecho por no haber ingresado la solicitud de permanencia. También figura el caso del juez de Cámara Rodolfo Bustos Lambert, próximo a cumplir el límite de edad en julio, en el que se detectó la intención del Ejecutivo de continuar, pero del que no consta ningún mensaje parlamentario para revisión de pliego.

El informe se explaya en lo que ahora está previendo el Gobierno: hay otros 33 jueces que están entre los 72 y los 74 años de edad y a quienes podría imponérsele la limitación fijada por el fallo “Schiffrin”. Si hoy los magistrados lograban que el Ministerio de Justicia enviase su pliego, acudían al fuero Contencioso Administrativo Federal para que se los beneficie con una cautelar hasta tanto el Senado resolviese el tratamiento del pliego. Sin embargo, pocos habían sido los pliegos que lograron traspasar el trámite y algunos senadores habían rechazado acuerdos previos para avalar continuidades de todos los que manifestaban intención de seguir.

Bajo el nombre de “Renovación y cese de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación. Régimen”, el proyecto de ley del diputado y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados. Con 16 artículos, pretende regular la forma en que deben o no cesar en sus cargos, e incluye a Procurador y fiscales, incluido miembros de la Corte Suprema y tribunales inferiores.

Un año antes de que cumpla los 75, el Consejo deberá preguntarle al juez en cuestión si desea o no continuar en su cargo. En los siguientes 5 días, el magistrado deberá responder de manera formal. Si quiere permanecer, deberá informarlo el Consejo al Poder Ejecutivo, en caso contrario, llamar a concurso para cubrir esa vacante. A su vez, el Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días para decidir si quiere o no que ese juez permanezca otros 5 años. Si hay silencio, se interpretará como una negativa también a impulsar el pliego. De avanzar, el juez deberá cometerse a un “examen psicológico y psicotécnico obligatorio” cuyos resultados solo los conocerá el Ejecutivo. Si cumple años y el pliego no se envió al Senado, cesará en su cargo de inmediato. Lo mismo si caduca el período ordinario siguiente al que ingresara la solicitud, si no se avaló. Ventaja: podrá repetirse el proceso indefinidamente, siempre con una duración de 5 años. Lo mismo ocurrirá en el ámbito de la Procuración y Defensoría General con fiscales y defensores. La cuestión del examen siempre ha causado resistencia entre los magistrados, por lo que de aprobarse el proyecto, ya no tendrían chance de evitar atravesar este proceso.

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