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Golpe del Supremo de Brasil a la Lava Jato: los riesgos de perseguir la corrupción con una "jurisprudencia creativa"

El Supremo Tribunal Federal surfea sobre las olas de los tiempos políticos.

Como muchas altas cortes de países con sistemas institucionales poco consolidados, el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil surfea sobre las olas de los tiempos políticos. Hasta ahora, había ratificado los pasos clave de la operación Lava Jato contra la corrupción, incluso ignorando las muchas ocasiones en las que esta había vulnerado derechos constitucionales fundamentales.


Eran, claro, los tiempos de la crisis económica del Gobierno de Dilma Rousseff y de las denuncias cotidianas de los grandes medios sobre los latrocinios del petrolão, de las manifestaciones de los sectores medios indignados con la corrupción y de un juicio político contra aquella que olió demasiado a conspiración.

La ola de apoyo popular a los fiscales de la Lava Jato (“lavadero de autos”) y al entonces juez federal Sergio Moro era irresistible.
 Sin embargo, muchas de las sentencias pronunciadas por este y ratificadas por tribunales superiores respondieron a lo que especialistas críticos denominaron “jurisprudencia creativa”, por lo que solo era cuestión de esperar a que el sentimiento de indignación colectiva cediera un poco para que el sistema político-judicial activara sus reflejos defensivos.


En el medio, la Lava Jato se permitió muchos excesos. El Supremo trató y definió que el hecho de que los condenados no tengan la oportunidad de rebatir los dichos de los delatores premiados (arrepentidos) en un alegato final es violatorio del debido derecho de defensa. Esto puede beneficiar a Luiz Inácio Lula da Silva en una de las causas por las que recibió condena.


Los excesos no se han agotado allí. Jurisprudencia del propio Supremo, que probablemente pronto sea revisada, autorizó que las condenas de prisión comiencen a ejecutarse después de sentencia de segunda instancia. Esto contradice abiertamente el principio de la presunción de inocencia y, asimismo, el texto y el espíritu de la Constitución brasileña, que establece que la cárcel es el punto de llegada cuando las causas agotan su “tránsito en juzgado”, esto es cuando tienen fallo firme.


Lula, la “víctima” más ilustre de los cruzados anticorrupción, está preso justamente en virtud de esa jurisprudencia, que hasta ahora la conducción del STF (en manos del ministro Dias Toffoli, foto), se ha negado a revisar a pesar de los reiterados pedidos de parte y de la presunción de que la mayoría en torno a la cuestión ha vuelto a virar hacia el garantismo.


El sistema judicial brasileño también transigió con la llamada “ley de ficha limpia”, según la cual basta con una condena de segunda instancia para que un ciudadano pierda el derecho a ser elegido en elecciones. Esta, apoyada y promulgada en 2010 por un Lula ya entonces bajo presión, también lesiona la presunción de inocencia y fue el fundamento que le impidió al expresidente presentarse a elecciones el año pasado, lo que le abrió el paso a Jair Bolsonaro.


Cabe recordar que en el crepúsculo de la administración petista, Moro había divulgado de manera ilegal el audio de una conversación telefónica entre Lula y Dilma en la cual ambos trataban el nombramiento de este como jefe de gabinete, una maniobra, según el exjuez, destinada a darle fueros. El Supremo le dio una palmadita en la cola al entonces juez y hoy ministro de Justicia por su incorreción formal, pero en su hora avaló el bloqueo del nombramiento, con lo que metió mano de un modo polémico en las atribuciones de otro poder del Estado.


Mientras, se sabe ahora gracias a los chats divulgados por The Intercept que Moro y el fiscal Deltan Dallagnol actuaron con motivaciones políticas claras, vinculadas a la decisión de sacar al Partido de los Trabajadores del primer plano de la política brasileña.


Moro nunca ocultó su intención de dar vuelta el sistema político brasileño, algo que consta en un paper que publicó en 2004, en el que proponía adoptar un esquema inspirado en el ejemplo del Mani Pulite italiano. En el mismo hablaba de “jueces de ataque”, de “sensibilización” de la opinión pública a través de la filtración de información a “medios amigos” y del un uso creativo de la figura del delator.


Ahora que el viento político vira, el establishment vuelve por sus viejos privilegios.Quienes realmente sienten de corazón la causa de la lucha contra la corrupción deberán achacarle tanto al oportunismo del STF como a las desprolijidades y cabos sueltos dejados por sus viejos héroes judiciales la ola de anulaciones de sentencias, liberaciones e impunidad que se abre desde el trascendente fallo.

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