Economía

Griesa frena el pago a bonistas, pero no embarga fondos y le pide a la Argentina que negocie con los buitres

Finalmente, el juez neoyorquino Thomas Griesa no ordenó el embargo de los fondos depositados por la Argentina para pagar a los bonistas que entraron a los canjes de deuda, pero calificó ese desembolso de "ilegal" y exhortó al Gobierno nacional a cerrar un acuerdo de pago con los fondos buitre lo antes posible.

Griesa reunió este viernes a las dos partes y al mediador Daniel Pollack en una sala de audiencias de la Corte del Segundo Distrito Sur de Nueva York. En la reunión estuvieron presentes por la Argentina los abogados Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H), y Theodore Olson y Robert Cohen del fondo NML Elliot, y Stephen Poss y Robert Carroll de Olifant, quienes representan a todos los acreedores vencedores en el caso.

En ese marco y con duros cuestionamientos a la estrategia argentina, el veterano magistrado de 84 años frenó el pago de u$s 539 millones a los acreedores que reestructuraron sus deudas en 2005 y 2010. Según revelaron agencias internacionales, el juez dijo que ese pago es "ilegal y no será realizado". Sin embargo, por esa decisión el país no entrará en default el lunes próximo, ya que cuenta un período de gracia de 30 días extra, a partir del 30 de junio para intentar que el dinero llegue finalmente a los bonistas. En términos financieros, sí se ingresaría a una "moratoria de deuda".

La sentencia de octubre de 2012 del juez de primera instancia obliga a la Argentina a pagar al contado u$s 1.330 millones a los fondos buitre NML Elliot, Aurelius, Olifant, ACP Master, Blue Angel, y otros 13 litigantes particulares argentinos. Se estima que sumados los intereses, esa suma subiría a u$s 1.500 millones.

Ante este situación, para el magistrado, la Argentina tendría que haber "negociado una postergación" de sus pagos con los titulares de bonos que ingresaron al canje, casi el 93% del total. También consideró que las "negociaciones" con los holdouts se vieron "interferidas" por la intención de girar los dólares al exterior, lo que al final no sucedió. "Esa fue una acción explosiva", le machacó Griesa en el rostro a los letrados patrios.

De acuerdo a las fuentes que presenciaron el encuentro de casi una hora y media, un abogado del Bank of New York Mellon (BONY) explicó que los u$s 539 millones fueron depositados en la cuenta que esa entidad posee en el Banco Central de República Argentina (BCRA) y que aún no fueron transferidos. En total, se iban a cancelar más de u$s 1.000 millones. Sin que haga falta, el letrado aclaró que el BONY reconoce la jurisdicción judicial neoyorquina y aseguró que acatará todas las resoluciones de Griesa al pie de la letra.

"Cualquier intento hoy en día de pagar a los bonistas (que aceptaron el canje) es ilegal, no puede hacerse y no puede ser permitido por esta Corte", afirmó el juez. "Cualquiera que lo haga estará incurriendo en desacato" a su fallo de hace casi dos años, advirtió el magistrado en la tensa audiencia. En ese marco, recomendó al BONY que devuelva el dinero al país.

Según analistas especializados, aquí se abre una posibilidad para la Argentina. Si el BONY efectivamente no cumple con el pago tal como le ordenó la Casa Rosada, estaría incumpliendo el rol de agente de pago establecido en el contrato firmado con el país. Esa falta grave habilitaría al Gobierno a rescindir el convenio, convocar a una asamblea de todos los bonistas y fijar como nuevo lugar de pago Buenos Aires.

Lejos de auspiciar ese cambio de locación, Griesa lanzó un llamado a que las dos partes continúen las negociaciones para alcanzar un acuerdo, pero insistió en que la Argentina debe pagar por igual a los que poseen bonos, sean reestructurados o no. "Lo que sería deseable, si es posible, es llegar a un acuerdo, y no quiero ir mucho más lejos", afirmó el justice federal nacido en Kansas.

Al tomar la palabra, los abogados del fondo NML Elliot se quejaron por la actitud "desafiante y con desprecio" de los funcionarios al girar los fondos. Igualmente, Jay Newman, con cargo de administrador en el fondo de Paul Singer, enfatizó que "estamos con la esperanza de tener la oportunidad de negociar".

En defensa del país, Bocuzzi ratificó que se busca una salida negociada y aclaró que si el Gobierno no hubiera depositado los u$s 539 millones podría haberse desatado una lluvia de demandas penales contra el Estado similares a la de los buitres, pero en la Justicia local.

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