Política

Guerra de "carpetazos" enrarece clima entre jueces y fiscales de Py

OFICIALISMO APURARÁ INTENTO DE DESTITUCIÓN DE JUEZ LUIS RODRÍGUEZ - Empresarios inquietos luego de revelación de presunto soborno que gira en torno a Stornelli. Amagues para recusarlo y "ruido" sobre posición de la Procuración General. La trama de los "giradores" en tribunales de Retiro.

Comodoro Py comenzará la semana bajo los efectos de los mismos efluvios con los que amaneció el lunes pasado, pero de distinto origen. Mientras la obstrucción de un caño troncal tuvo un arreglo que alivió la situación sanitaria, el ambiente viciado continuará por la serie de “carpetazos” cruzados que sacudieron el regreso de la feria, anticipados por Ámbito Financiero. Al cierre de la edición del jueves, se anticipó sutilmente cuál iba a ser el otro escándalo dominante, además de la confesión de supuestos sobornos al juez federal Luis Rodríguez para que no avanzara en la causa sobre la inexplicable fortuna del exsecretario presidencial Daniel Muñoz. Sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli quedó en el ojo de la tormenta gracias a la extorsión a un empresario que perfeccionó un supuesto allegado al funcionario, grabada, documentada y con una causa penal bajo secreto de sumario encima. El tercer hito lo marcó la confesión del excontador K Víctor Manzanares, quien ratificó que la pericia presentada sobre el patrimonio presidencial había sido amañada por el exjuez Norberto Oyarbide. En todos los casos, con ese nivel de elementos en juego no es viable una investigación selectiva.

Los alcances del expediente que tiene en sus manos el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla pueden convertirse en un escándalo: horas de grabación, capturas de WhatsApp y una serie de pruebas acerca de cómo un presunto “influyente”, Marcelo D’Alessio ofrecía su llegada a Stornelli (con fotos de ambos incluida en el balneario CR de Pinamar) con el objetivo de aliviar la situación del empresario agropecuario Pedro Etchebest. D’Alessio tenía detalles de la causa desconocidos, conversaciones con un fiscal federal sobre un expediente donde no era parte, y habría recibido dinero (en dólares) que fue documentado mediante escribano. El oficialismo y el propio fiscal se apuraron a calificarlo como una “operación política berreta”. ¿Qué ocurriría si la Justicia entrecruzara los llamados telefónicos con D’Alessio y las conversaciones vía mensajería desde antes del 10 de abril de 2018, el presunto primer contacto de Stornelli con los “cuadernos”? El viernes había viarios empresarios inquietos. No era la primera vez que escuchaban algo semejante, pero también se mostraban cuidadosos de que ninguna actitud apuntara a torpedear la médula de la investigación, algo plausible. Cierto es que no hubo otro supuesto caso de corrupción judicial más documentado hasta ahora desde el intento de coima a jueces de Casación, tras las primeras detenciones a la patota ferroviaria que comandaba José Pedraza.

Lo que reavivó la marejada fue el rumor extendido de que varios hombres de negocios, luego de confesar ante Stornelli, concurrieron a escribanos de confianza a documentar que declararon bajo presión y que ese documento sería la carta para mostrar ante un hipotético juicio oral. La llave para eso es la ausencia de registro fílmico de ninguna de las “confesiones”, y la admisión de que las actas no contienen todo lo que se “negocia” con el imputado. Terreno fértil para un “girador” como se lo apodó a D’Alessio en la jerga que hasta se había apuntado para hacer una cámara oculta a otro abogado, el del ex Yaciretá Oscar Thomas. Por lo pronto, están pedidas las cámaras de seguridad del Alvear Icon y de Selket, locaciones que Etchebest identificó como lugares de pago. ¿Es cierto que la casa de Héctor Colella en Pinamar estaba a la venta y que el comprador sería el fiscal? ¿Quién será el primero en pedir el apartamiento de Stornelli, un exfuncionario o un empresario? Como sea, Bonadio tendrá esa decisión en sus manos. Y Eduardo Casal, como Procurador General, el de iniciar un expediente interno para deslindar responsabilidades.

Todos recuerdan el pasado de Stornelli en Boca Juniors, su amistad con Rafael Di Zeo y su adscripción a la línea judicial interna que capitanea Daniel “Tano” Angelici. Sin embargo, pocos enlistan su paso como ministro de Seguridad de Daniel Scioli en la provincia y mucho menos rememoran que el fin de semana de la muerte de Alberto Nisman se lo encontró manteniendo frecuentes llamadas a Fernando Pocino, el único agente de la SIDE de jerarquía que todavía reportaba a Cristina de Kirchner, enfrentada con Antonio Stiuso.

Mucho menos avanzado está el caso de Rodríguez, a quien oficialistas y allegados le han pedido el jury basados en los dichos de Carolina Pochetti, que afirma que su marido le dijo antes de morir que había pactado con el abogado Miguel Ángel Plo una coima de u$s10 millones para que la defienda y lograr que la irradien de la causa. Las decisiones de Rodríguez en el expediente acompañan la sospecha de puso un freno de mano al avance del caso. ¿Fue Plo también un “girador” que prometió resultados? Esa investigación debiera dilucidar cuándo, cómo y dónde está el dinero presuntamente ofrecido, en efectivo y en negro. Pochetti no ofreció precisiones: dijo que no sabía dónde ocultaba la plata Muñoz ni cómo eran los movimientos. Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy abonaron la hipótesis de Plo como nexo de Rodríguez. Sin embargo, tampoco ofrecieron pistas sobre la transacción. Si el oficialismo intenta avanzar en la destitución de Rodríguez, el nombre clave que se activará es el de Miguel Ángel Pichetto, a cargo de la estratégica comisión de Disciplina y Acusación. No será gratuita la embestida.

La confesión de Manzanares apuntó centralmente sobre el rol que tuvo Norberto Oyarbide para diluir la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, mediante el armado de una pericia amañada. Pero ese fue el tercer sobreseimiento del matrimonio presidencial por su incremento patrimonial. Los jueces Julián Ercolini y Rodolfo Canicoba Corral hicieron lo propio con otros períodos investigados. El fiscal Eduardo Taiano no apeló el sobreseimiento de Oyarbide y salvo un perito, el resto del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema convalidó que no había irregularidades. ¿Alcanzará para reabrir por “cosa juzgada irrita” el expediente sobre los bienes de la expresidenta? Ese es un objetivo a corto plazo.

Como adelantó este diario, la guerra de “escuderías” está en sus albores. En el edificio que está en diagonal a la Casa Rosada también hubo movimientos subterráneos. Las catacumbas sugieren que habrá más material y que se ha inaugurado un capítulo mucho más nauseabundo y difícil de reparar que la plomería del edificio de Retiro.

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