Política

Guiño kirchnerista a piqueteros papales: buscan prórroga de emergencia social hasta 2022

Entre los legisladores se encuentran cristinistas, massistas, la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas; y el gobernador electo de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto. El macrismo dio festín de $30.000 desde fines de 2016.

Juan Grabois y los piqueteros papales se preparan para convertir en un “derecho adquirido” -término que tanto gusta al falso progresismo argentino- la emergencia social que prorrogó el actual Gobierno desde fines de 2016, que implicó un festín de $30.000 millones. Cuatro días antes de las PASO del domingo pasado -y de la paliza del kirchnerista Alberto Fernández a Mauricio Macri-, diputados cristinistas, legisladores que responden a organizaciones populares e incluso algunos peronistas presentaron un proyecto para extender dicha emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2022.

Entre los diputados que firmaron la iniciativa se encuentran el jefe del cristinismo, Agustín Rossi, legisladoras del Movimiento Evita, del Frente Renovador -que responde al ahora renovado pero siempre serpenteante Sergio Massa-, la vicegobernadora electa de Santa Fe, Alejandra Rodenas, y el gobernador electo de La Pampa, el justicialista Sergio Ziliotto, entre otros.

Un antecedente fresco y lamentable para este tipo de emergencias es la económica de 2002, que se estiró en el tiempo por uso y abuso del kirchnerismo y siguió hasta fines de 2017, tras una decisión del macrismo de cortarla y cerrar grifos exclusivos a golosos funcionarios que se sentaban en el poder de la Casa Rosada.

La situación de los últimos años -incluidos los períodos cristinistas- no fue tenida en cuenta por los firmantes del proyecto, quienes sólo se enfocaron en la gestión macrista. Por caso, los legisladores argumentaron: “Según la última información disponible del INDEC, la pobreza en Argentina llegó al 32% al finalizar el segundo semestre de 2018. Esto implica 6,2 puntos porcentuales más que el mismo período del 2017, es decir 2,9 millones de personas más. Con respecto a la indigencia, el aumento es mucho peor en términos proporcionales ya que pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018. En otras palabras, en un año el Gobierno generó 850.000 nuevos indigentes, un 40% más.

En el proyecto también se fundamentó: “Los números analizados por el INDEC y extrapolados a la totalidad del territorio nacional, nos lleva a inferir que existen 14,3 millones de pobres y 3 millones de indigentes. A su vez, si tomamos en cuenta a los niños y niñas menores de 14 años, la pobreza afecta al 46,8% de ellos, casi la mitad. Con respecto al Índice de Salarios de mayo de 2019 (calculado también por el INDEC) los ingresos de los trabajadores y trabajadoras argentinas aumentaron un 38,4% en promedio en los últimos 12 meses y se encuentra casi 20 puntos porcentuales por debajo de la inflación para el mismo período, que llegó a 57,3%. Más detalladamente, la suba del sector registrado fue de 40,1% y la mejora del 32% del sector privado informal, lo cual agrava más nuestro análisis”.

La emergencia social que pedía la oposición y acompañó el oficialismo a fines de 2016 fue lograda tras un acuerdo entre la entonces ministra de Desarrollo Social -hoy incluye a Salud-, Carolina Stanley, y el dirigente piquetero Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Ambos contaron con la bendición papal, según confiaron en su momento legisladores de distintas bancadas a Ámbito Financiero.

Para los diputados que empujan esta iniciativa, se debe modificar la asignación de recursos -en ningún momento se habla de montos específicos a destinar- y consideran “prioritario avanzar en la visibilización institucional y reconocimiento de este sector del trabajo (economía popular) como medida inicial, además de “la conformación de un ámbito de decisión y desarrollo participativo de las políticas para el sector que tenga como meta central la institución de un salario social complementario para los trabajadores de la economía popular, cuyo objetivo central radica por un lado en el reconocimiento de la deuda pública y social hacia estos trabajadores y, por otra parte, en la satisfacción material que implica alcanzar el monto delimitado como básico para un trabajo decente”.

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