Economía

Imprevisión y default interno al ANSES

Los jubilados y pensionados quizás hayan sido el sector más golpeado durante el 2018. La demora en la indexación de sus haberes debido a la mal diseñada ley de movilidad jubilatoria debatida con el disparatado método democrático de revolear baldosas y molotovs provocó que la inflación redujera considerablemente sus ingresos reales. Recién en marzo recibirán lo perdido durante el segundo semestre de 2018 y podrán recomponer ingresos reales si la inflación desacelera, algo que aún está en dudas.

La reciente sentencia de la Corte Suprema a favor del reclamo del caso “Luis Blanco” no aceptó la reparación histórica brindada por el Gobierno cuya fórmula el RIPTE (en función de salarios y recaudación) a cambio de otra fórmula de actualización por los salarios del sector construcción (ISBIC) más favorable. Jubilados expectantes por los 11.766 expedientes, Gobierno y economistas se preocupan por el impacto en las cuentas públicas.

Lo primero es entendible, muchos jubilados siguen reclamando que a ellos ni siquiera se les compensaron el efecto de la inflación con un bono de fin de año como sí le otorgaron al resto del sector privado.

El Ministerio de Hacienda y Finanzas sostiene que el pago de la sentencia y su extensión al resto de los litigios tendrían un impacto de $ 700 millones, alrededor de u$s 15 millones anuales. Este monto no tiene un impacto sensible sobre las cuentas públicas, por lo tanto tendría sentido que el ejecutivo acate lo que informa el poder judicial y pague lo que corresponde. No obstante, insistimos, es un impacto que no tiene materialidad pero sí de impacto político, ya que sincera la perdida de poder del Ejecutivo frente a la Corte Suprema, otro paso más en la licuación del poder político del Ejecutivo, quizá la mayor y más rápida de la historia de la democracia, luego de la de Alfonsín post plan Austral, después de una exitosa elección de medio término.

Si embargo, otras “sorpresas macroeconómicas judiciales” mucho más relevantes esperan al presente y futuro gobierno argentino. Argentina es un país con muy poca memoria. El Fondo de Garantía Sustentable (FGS) del ANSES quien dispone de los ahorros de los jubilados presentes y futuros es poseedor del 70% del stock de Bonos Cuasipar 2045 con vencimiento en casi 20 años. El problema no es hacia delante, el problema es lo que se estafó a los jubilados durante 8 años de vigencia de la intervención del INDEC. Estos bonos ajustan por el coeficiente CER, en la época de oscurantismo del INDEC estos títulos pagaban al menos 10 p.p. por debajo de la inflación verdadera tomando cualquier índice alternativo.

Los bonos fueron colocados al ANSES, por el entonces Ministro de Economía Amado Boudou, como parte de la operación de canje de deuda del 2010. En efecto, el Ministerio de Economía por aquel entonces, canjeó los bonos CER cuasi defaulteados por el INDEC de Guillermo Moreno en manos de los bancos, cuya cotización era muy baja por bonos a tasa BADLAR lo que permitió mejorar sensiblemente el balance de los bancos, al mismo tiempo que se colocaban los bonos cuasi par 2045 al CER defaulteado a los jubilados.

Tal como resaltamos en una nota previa en este diario hace exactamente un año: si se honrase la deuda con los jubilados por la diferencia de índices, se debería transferir al Fondo de Garantía Sustentable del ANSES, es decir al ahorro para pagar a los jubilados presentes y futuros aproximadamente u$s 10.000 millones.

Posteriormente la nota, los medios se hicieron eco de la decisión del Ministerio de Hacienda del presente gobierno, de avalar en la justicia al INDEC de Moreno, y sincerar el default. De hecho Argentina esta en default como consecuencia de esa decisión del Gobierno, que no obstante ha sido apelada en la justicia y se encuentra pendiente de resolución.

Para dimensionar, la estafa del INDEC K al FGS es alrededor de 660 veces lo que es el impacto del cambio de índice estimado por Hacienda a partir del fallo del caso de Luis Blanco. El FGS, como administrador, debería reclamar al propio Estado esta suma. Cabe mencionar que la Auditoria General de la Nación aun no auditó el manejo de los Fondos del FGS desde su creación a partir de la estatización del ahorro de los jubilados administrados por las AFJP, que sugestivamente no realizaron ningún juicio por ese hecho, a pesar de la violación de numerosas normativas del mercado de capitales argentino y de la SEC.

Como hemos comentado, poca memoria tiene el país para acordarse de que hace menos de 10 años, todos los meses se estafaba a jubilados actuales y futuros. En economía existe la frase que no hay almuerzo gratis, en nuestro país parece que algunos no lo entienden o no lo quieren ver.

En efecto, validando esto, está defaulteando la deuda del Estado con uno de sus principales acreedores, sus propios jubilados. Por supuesto, esto complicaría las cuentas públicas en una cuantía importante. No obstante, la cuestión se podría solucionar colocando un bono a mediano plazo, que serviría para mejorar las jubilaciones promedio y acercarlas al verdadero costo de la canasta jubilatoria. Más aun, llama la atención, que el monto de la deuda a jubilados es exactamente igual que el monto pagado por el presente gobierno a los acreedores de la operación de dólar futuro de la gestión Cristina Kirchner casi en efectivo (LEBACS), cuestionada por el propio gobierno; lo cual refleja a las claras que los jubilados presentes y futuros no cuentan a la hora de tomar decisiones políticas.

Si no se normaliza esta situación, se consagrara la inseguridad jurídica y el default contra los propios argentinos, y el sistema previsional estará quebrado.

* Economistas UBA

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