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Investigan en Colombia la participación de la Policía en crímenes de líderes sociales

La fiscalía acusó al Gobierno de inacción en la protección de activistas. Desde enero de 2016, 311 fueron asesinados.

Bogotá - El Ministerio Público de Colombia abrió ayer una investigación disciplinaria a la fuerza pública por indicios de una presunta conexión con bandas criminales para asesinar a líderes sociales en distintas regiones del país.

"Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos de los líderes sociales. Existe una cooptación de los agentes del Estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales", indicó Fernandi Carrillo, director de la entidad encargada de investigar a los funcionarios públicos.

Carrillo hizo un llamado a los Gobiernos locales para reforzar la seguridad de los defensores de derechos humanos que realizan su trabajo desde pequeñas poblaciones y áreas rurales, exponiendo sus vidas. "Los alcaldes y gobernadores deben asumir la responsabilidad en la protección de la vida de los líderes", agregó.

A su vez, criticó que el Gobierno no tuvo diálogo con las comunidades para afrontar la crisis de violencia.

"Este tipo de diálogo no se puede hacer desde la Casa de Nariño. Hay que hacerlo en los territorios, con las comunidades", puntualizó Carrillo.

El martes el presidente Juan Manuel Santos anunció un paquete de medidas para aumentar la seguridad de los líderes: aumentó las recompensas para dar con los autores de los asesinatos, ordenó a las milicias priorizar la seguridad en las zonas donde más homicidios se registraron y creó una línea telefónica de atención para que los habitantes alerten sobre cualquier hecho sospechoso.

"Reitero mi compromiso, el del Estado en su conjunto, de trabajar sin descanso para garantizar la protección", indicó Santos.

Los departamentos en donde más se sintió la ola de violencia son Antioquia y Chocó (noroeste), Norte de Santander (noreste, en límites con Venezuela), Valle del Cauca y Nariño (suroeste) y Córdoba (norte).

La semana pasada la ONU hizo un llamado de atención a Santos por el aumento de homicidios y hubo en Colombia una movilización nacional, luego de los ataques mortales a varios líderes sociales en diferentes zonas del país.

Según el Gobierno, que se basa en datos de Naciones Unidas, entre 2015 y este año fueron asesinados 219 comunales, mientras que la Defensora del Pueblo señaló que la cifra es 311, entre enero de 2016 y junio de 2018, registrándose un recrudecimiento tras la firma de la paz con las FARC.

La Fiscalía General ha reiterado en diversas ocasiones que la mayoría de los asesinatos son responsabilidad de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de la ex guerrilla de las FARC y bandas narcotraficantes, en especial el Clan del Golfo.

Agencias DPA y ANSA

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