Política

"Iremos muy fuerte contra los que no estén cumpliendo funciones en el Estado"

La cesantía de 2035 trabajadores del Senado y la revisión de más de 30.000 contratos del Gobierno nacional que prometió Mauricio Macri comenzaron a provocar malestar en los sindicatos estatales y cruces entre funcionarios y dirigentes.

"Vamos a ir muy, pero muy fuerte respecto de los contratos que no están cumpliendo una función en el Estado", enfatizó este martes el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, durante una conferencia de prensa en Casa Rosada. "No corresponde. Es una falta de respeto hacia los propios empleados y la ciudadanía, porque son dineros públicos", agregó el exsecretario general de Boca Juniors durante la gestión de Macri en el club.

La chispa que inició el roce la encendió el propio Ibarra antes de las Fiestas, cuando anunció que someterán a un análisis a miles de empleados del Estado nacional, principalmente los que ingresaron en los últimos meses de mandato de Cristina de Kirchner. Bajo la lupa se estima pasarán más de 32.000 contratados. Según contaron a este medio, para identificar a camporistas e indeseables se realizan entrevistas cara a cara y rastrean perfiles en las redes. Los que no tienen funciones específicas recibirán tres meses de gracia y luego serán despedidos.

El mismo escaner utilizó Gabriela Michetti para detectar los supuestos 2035 trabajadores de más. Todos habrían ingresado entre enero y noviembre de 2015. "Las designaciones significan un aumento de la plantilla permanente del 146% y un crecimiento del presupuesto salarial del Senado del 80%", señaló Michetti a través de un comunicado. "Si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de $ 570 millones", explicó al firmar un decreto parlamentario que ordena las expulsiones de la Cámara alta.

En la conferencia, Ibarra también se refirió al Senado. "Son medidas, decretos, que se tomaron en el pasado con el vicepresidente (Amado) Boudou, que generaron un crecimiento injustificado de la planta del Senado", indicó.

El ministro dijo que desde la salida de Julio Cobos de la presidencia del Senado en 2011 la plantilla no solo aumentó treces veces, sino que también muchos empleados pasaron a planta permanente. "Habría que generar en el año más de $ 1.800 millones para pagar esa necesidad adicional, en lugar de fortalecer, jerarquizar y mejorar la situación de los trabajadores que existían antes de 2011. Es un crecimiento gigantesco, no justificado", calificó.

Ante esta situación, el líder de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, puso el grito en lo más alto del Congreso. "Hay mucha hipocresía, esto es una política de Estado y la quieren dibujar diciendo que hay ñoquis para justificar que van a echar trabajadores, porque quieren un estado chico. Esta es una política que ya la vivimos. Que lo digan, así sabemos qué enfrentamos", dijo el gremialista a Del Plata.

El jefe de APL propone al Senado lo mismo que ocurrió en Diputados: hacer primero la auditoría para que ver quién es quién. "(Michetti) primero hizo los decretos y después creo la Comisión" para investigar los casos, subrayó y anunció que recurrirá a la Justicia para frenar el decretazo. "Es aberrante desde el punto de vista jurídico. Eran planta permanente y vienen a trabajar todos los días", argumentó Di Próspero.

En la misma vereda que los legislativos se pararon los estatales de de ATE Congreso. "Nosotros estamos en alerta y movilización", advirtió Claudio Britos en diálogo con La Red. "Como representante de trabajadores, lo que no voy a permitir es el atropello. La Vicepresidenta tomó una decisión errónea", aseguró.

El sindicalista reveló que su gremio no recibió ninguna notificación oficial del decreto y recordó que el "eslogan" de Cambiemos en la campaña electoral era consenso y diálogo. "Si ellos quieren hacer una gestión clara, de cara a la sociedad, yo creo que estos temas se tendrían que haber llevado a la paritaria y todavía no la abrimos a la paritaria", concluyó Brito.

El sindicato de Andrés Rodríguez es otro de los perjudicados a nivel nacional. "En el Estado no hay ñoquis. Es como cualquier lugar de trabajo, puede ser que un trabajador no responda y existen mecanismos para generar un castigo, pero desde un caso individual no podemos generalizar", afirmó días atrás el secretario general del sindicato de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).

Según Rodríguez, en el gremio no tienen "inconveniente" con la filtración de los 32.000 contratos, pero aclaró que "si se quiere de esa revisión tomar medidas generando un ajuste en el sector del trabajo y poniendo en juego la estabilidad del empleo de esa gente, se generaría una injusticia y nosotros como gremio vamos a defender la postura de los trabajadores".

Al hablar con la prensa en el Salón de los Escritores y Pensadores Argentinos, Ibarra defendió la polémica iniciativa y ante una consulta de ámbito.com minimizó la posibilidad de que estas decisiones incrementen la conflictividad sindical. "Los gremios, según me han manifestado, van a estar a favor de resolver esas situaciones que no tienen ningún justificativo. Después está en manos de ellos, llevar adelante las acciones que crean conveniente. Estamos encarando el tema con una enorme responsabilidad y de eso se trata el análisis que vamos a hacer en todas las áreas de Gobierno", concluyó.

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