Abogados felices, se reparten $ 70 millones

Judiciales

En un año, los abogados de la Capital Federal deberán recibir algo de lo que aportaron a un discutido sistema de seguridad social que finalmente quedó derogado. Se repartirán más de $ 70 millones que se acumularon en cinco años.

Los abogados porteños festejaron en el recinto legislativo, la mañana del viernes, la derogación de la ley que impuso una caja de seguridad social para los profesionales tras aguardar durante toda la noche el momento de la votación en el recinto. La norma de disolución se aprobó tras una noche de debate, cerca de las 6 de la mañana, con la iniciativa que acercó el macrismo.

La polémica caja, Cassaba, se creó en 2003 y desde entonces levantó la queja de muchos letrados que se vieron obligados a aportar al sistema, cada vez que cobraban honorarios, 5% de los ingresos que percibían, ya sea en el orden judicial o en acuerdos extrajudiciales, para financiar el sistema previsional propio, que a la vez les ofrecía un servicio de salud prepago.

Hubo fallos en contra de la caja de seguridad, y hasta la Justicia llegó a exceptuar a miles de demandantes de hacer los aportes.

Curiosamente, este año, el ex legislador Jorge Enríquez ganó la elección para presidir Cassaba con la consigna de derogar el organismo.

Con el impulso de legisladores del macrismo, filas a las que perteneció ese ex diputado, como Martín Borrelli y Marcelo Godoy, y del propio Mauricio Macri, tras asumir el 1 de julio pasado, Enríquez logró la aprobación del despacho de mayoría.

Ahora tiene un año para reintegrar el dinero a los aportantes, luego de girar lo que corresponda a la ANSeS, tal como prometió el nombre de la lista con el que se impuso: Derogación y Distribución. La caja tiene actualmente $ 60 millones en activos financieros y un edificio de lujo en el centro porteño, en la calle Viamonte al 500, valuado en $ 12 millones.

El despacho aprobado impone la derogación de la Ley 1.181, con la que se creó Cassaba, la disolución de la caja de seguridad social y el proceso de liquidación. También se debe designar a su directorio como Comisión Liquidadoray representante legal del organismo y se contempla la designación de la actual asamblea como representante para la liquidación.

  • Seguimiento

    Se deberá, además, crear una Comisión de Seguimiento que tendría la obligación de auditar el proceso liquidatorio que demoraría un año. Esa comisión estará conformada por cinco miembros titulares y cinco suplentes del actual directorio de Cassaba, y cuatro miembros titulares y cuatro suplentes de la Legislatura porteña. Debe elaborar un informe para enviarlo a la Legislatura cada tres meses, mientras dure el proceso de disolución, con el cual se pretende establecer cuánto dinero corresponde a cada uno de los abogados que aportó al sistema. Si en un año no se logra la liquidación, la Legislatura, por única vez, podría extender el plazo por otro año más.

    El bloque del macrismo, que preside Oscar Moscariello, reunió los 27 votos de la bancada, pero, al no resultar suficientes, contó con 5 votosde otros bloques, resultando 32 a favor -uno más de los necesarios-, 16 en contra y siete abstenciones.

    «Los legisladores supieron escuchar el reclamo de los colegas de nuestra Ciudad y así le pusieron fin a un experimento que hace cuatro años ellos mismos habían puesto en marcha, a instancias de una primera minoría circunstancial del Colegio Público de Abogados y sin el apoyo de la gran mayoría de sus supuestos beneficiarios», explicó Enríquez. Por su parte, el titular de la bancada del macrismo, Moscariello, explicó que «la Ley 1.181 dio nacimiento a la caja previsional para los abogados y procuradores de la Ciudad de Buenos Aires; su falta de consenso y debate necesario generaron malestar entre los destinatarios del régimen. Prueba de esto es el rechazo demostrado por los supuestos beneficiarios de la creación de Cassaba, manifestado al momento de expresar su voluntad en las elecciones de las autoridades de la Caja hace poco menos de un año».
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