Efectivos de la Policía Bonaerense realizaron ayer un allanamiento en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, en el marco de la causa por la desaparición del testigo Jorge Julio López, para determinar si ex represores gozan o no de beneficios especiales, como por ejemplo hacer llamadas desde teléfonos no habilitados para presos.
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«Encontramos lo que vinimos a buscar», subrayó una fuente vinculada al operativo judicial que realizaron 80 efectivos de las policías Bonaerense y Federal y de la división de Operaciones y Contrainteligencia de la SIDE.
Otra fuente relacionada con la causa precisó que el peritaje -que contó con la participación de técnicos de Telefónica de Argentina- descubrió que algunas llamadas se concretaron desde los teléfonos habilitados en la cárcel, del tipo semipúblico para presos, y otras desde aparatos ubicados en «otro sector del penal».
En el penal se encuentra detenido el represor Miguel Etchecolatz, contra quien atestiguó López antes de desaparecer, y otros imputados en causas por violaciones a derechos humanos durante la última dictadura. Las fuerzas federales y bonaerenses que componen la comisión de investigación del caso López fueron a buscar « constataciones técnicas e información» que surgieron del allanamiento realizado en marzo pasado.
Con esos elementos, el juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza, ordenó el operativo que comandó el superintendente de Investigaciones en Función Judicial de la Policía Bonaerense, Hugo Matzkin.
De acuerdo con las investigaciones realizadas, la medida judicial fue dispuesta porque en la causa surgió que no coincidían las llamadas detectadas con los teléfonos denunciados por las autoridades como habilitados para los presos.
En la causa se intenta establecer si se realizó algún llamado por algún aparato no habilitado para los detenidos, como por ejemplo alguna otra dependencia del penal.
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