La Cámara de Casación penal dejó firme una condena a cuatro años de prisión para un ex jefe de la Policía Federal encontrado culpable de sustraer los famosos 68 casetes con grabaciones de escuchas telefónicas hechas al ex acusado Carlos Telleldín, durante la investigación del atentado a la AMIA.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
También se lo acusó de quedarse con disquetes y películas fotográficas que fueron obtenidas en sendos allanamientos.
Se trata del ex comisario y ex titular del Departamento de Protección al Orden Constitucional (POC), Carlos Castañeda, que poco después del ataque terrorista del 18 de julio de 1994 se convirtió en uno de los principales investigadores del caso y luego fue acusado por la sustracción de pruebas.
Los camaristas de la sala II del máximo tribunal penal del país Pedro David, Gustavo Mitchell y Juan Fégoli rechazaron un recurso de Casación presentado por la defensa del ex comisario y dejaron firme así la condena a cuatro años de cárcel que se le impuso en un juicio oral.
Castañeda había sido condenado por el Tribunal Oral Federal 6 por la «sustracción de objetos destinados a servir de prueba a autoridad competente en forma reiterada (dos hechos) a cuatro años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena».
Los disquetes y las películas fotográficas habíansido obtenidos en dos allanamientos realizados días después del atentado, uno de ellos, a la casa del ex acusado Carlos Telleldín en la localidad bonaerense de Villa Ballester.
La Cámara de Casación rechazó un planteo de prescripción de la causa judicial al considerar que la Argentina adhirió a pactos internacionales que la obligan a castigar este tipo de delitos.
Bien aplicada
Los jueces entendieron que la condena estuvo bien aplicada sobre la base de «la normativa internacional» que hace prevalecer el « reconocimiento del derecho a la verdad que corresponde a todas las víctimas», algo que el accionar de Castañeda obstaculizó.
«El reconocimiento del derecho a la verdad corresponde a todas las víctimas, y de todas formas, una solución distinta acarrearía responsabilidades de índole internacional a nuestro país», concluyeron los jueces.
El «derecho a la verdad ha sido reconocido como uno de los principales integrantes del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos».
La investigación por la pérdida de pruebas se abrió en forma paralela a la causa central por el atentado a la mutual judía de Pasteur 633, que causó 85 muertos el 18 de julio de 1994.
Dejá tu comentario