AMIA: investigan a juez de Casación

Eduardo Duhalde

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del actual juez de la Cámara de Casación penal Federico Domínguez y ordenó que se lo cite a indagatoria, en una causa donde se lo denunció por supuestas irregularidades cometidas durante la investigación del atentado a la AMIA.

El tribunal también ordenó al juez federal Ariel Lijo que cite como testigos en esa causa -un desprendimiento de la pesquisa central- al ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y al ex ministro de Seguridad Carlos Brown.

La medida fue dictada por los camaristas Carlos González, Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, quienes, en realidad, pertenecen a la Cámara del Crimen, pero actúan en esta causa debido a que los integrantes de la sala I de la Cámara Federal se hallan excusados.

En la misma resolución, el tribunal de apelaciones revocó el sobreseimiento que el juez federal Jorge Ballesteros había dictado a Domínguez, al comisario retirado Luis Vicat y a una ex abogada defensora de la causa AMIA.

Involucrados

La medida abarcó, además, al oficial Aldo Andrés Spicacci Citarella y al comisario Miguel Angel Márquez, de la Policía Bonaerense. Todos serán citados a declaración indagatoria en los próximos días por el juez Lijo.

Los camaristas apartaron del caso a Ballestero y dispusieron que la investigación deberá llevarla el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa central por irregularidades en la pesquisa, donde están procesados el ex juez Juan José Galeano y el ex titular de la SIDE en el Hugo Anzorreguy.

El 9 de octubre de 2006, Ballestero sobreseyó a todos los acusados de maniobras irregulares para supuestamente obtener pruebas contra el entonces principal-acusado, y luego absuelto, ex comisario bonaerense Juan José Ribelli.

«Todos los elementos analizados en su conjunto configuran un estado de sospecha como para convocar a los imputados», entendieron los camaristas, quienes antes de fin de mes resolverán si confirman los procesamientos de Galeano, Anzorreguy y otros acusados en la causa principal por irregularidades.

La denuncia que originó la causa se remonta a la investigación del atentado y está referida a supuestas coacciones a dos de los policías que trabajaban con Ribelli, Bautista Alberto Huici y Diego Barreda, ambos por entonces presos a raíz de la causa AMIA.

Según la causa, les habrían ofrecido beneficios de dinero y personales a cambio de declarar que Ribelli estaba comprometido en el atentado del 18 de julio de 1994, cuando murieron 85 personas.

En cuanto al entonces gobernador Duhalde y su secretario de Seguridad Brown, según denunciaron familiares de policías entonces detenidos por el ataque, habrían sido puestos al tanto de esas circunstancias en 1997.