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Amplían detenciones a almirantes en la causa que investiga ESMA
También se conoció un escritode la defensoría oficial que expone las serias consecuencias a la preservación de la garantía constitucional de la defensa en juicio que trae aparejado el decisorio del juez. Según los letrados oficiales, la abultada lista colapsó la capacidad de defender con idoneidad a cada uno de los imputados en la megacausa de la ESMA. Si hasta los meritorios de la defensoría, como el joven Francisco Finger, se vieron en figurillas para atajar el aluvión de expedientes de marinos complicados en la megacausa ESMA que se sumaron a los de la causa Cuerpo I del Ejército Argentino.
Torres ya había ordenado el viernes pasado la elevación a juicio oral de una parte de las investigaciones, el capítulo conocido por: Chacras de Coria, la presunta apropiación ilegal de patrimonio de tres empresarios mendocinos a favor de Emilio Massera. En esos hechos responsabilizó al ex capitán Jorge Acosta y al ex teniente de navío Jorge Radice.
El jueves pasado, Néstor Kirchner le aceptó la renuncia a la jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta García, quien iba a afrontar un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Como García ya no tiene más fueros, Torres quedó habilitado para citarla. Las audiencias contra García iban a comenzar el lunes pasado a las 14 y se desarrollarían durante toda la semana en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Palacio de Tribunales.
Estaba prevista la declaración de más de 25 testigos. Había sido apartada desde el 8 de junio, cuando el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación la acusó de haber actuado presuntamente como síndico de la empresa financiera que habría transferido los bienes de los tres mendocinos desaparecidos (Victorio Cerruti, Horacio Palma y Conrado Gómez) a Massera y otros represores de la ESMA en el asunto de Chacras de Coria. Torres recibió en su momento el testimonio de montoneros (Juan Gaspari y otros) que relaciona a la ex jueza García con la cadena de documentos falsos que se labraron para la apropiación ilegal del patrimonio de los mendocinos.
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