Apelarán ya fallos contra el decreto que bloquea "corralito"

El gobierno apelará en las próximas horas la resolución judicial por la que se declaró inconstitucional el decreto con el que se pretende frenar la salida de dinero de los bancos, confirmó ayer el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof.

Además, el presidente Eduardo Duhalde descartó de plano la posibilidad de lanzar un bono compulsivo para resolver los reclamos por la inmovilización de depósitos en el «corralito».

«Duhalde descartó el bono compulsivo porque no es un mecanismo apropiado».

Prometió, además, que la administración Duhalde resolverá el problema generado por la retención de fondos de los ahorristas, aunque aclaró que «no se puede hacer magia».

•Suspensión

También, el Ministerio de Economía aseguró que no efectuará una nueva licitación de BODEN hasta que no finalice la salida de fondos del «corralito» vía amparos judiciales.

La posibilidad de realizar una nueva licitación de bonos estaba siendo evaluada por la Secretaría de Finanzas hasta que la Justicia determinó la inconstitucionalidad del decreto que impedía el retiro del dinero atrapado en el «corralito» por vía judicial.

El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, destacó que a partir de esa fecha, todas las entidades del sistema financiero, podrán comprar con sus certificados de depósitos (CEDROS), los BODEN, «haciendo un canje del estilo que inicialmente se diera a los ahorristas».

El viernes último, la jueza federal Emilia Marta García decretó la inconstitucionalidad de los tres primeros artículos del decreto que suspendió por 120 días la devolución de los depósitos atrapados en el «corralito», mediante un fallo en el que hizo lugar a un recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, en favor de todos los ahorristas del país.

Una medida similar adoptó la jueza María José Sarmiento a raíz de la demanda de una ahorrista particular, mientras que su colega del juzgado primero de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, hizo lo propio agregando el artículo 4 de la norma.

Los magistrados retomaron los argumentos esgrimidos por la jueza Liliana Heiland, la primera en accionar contra la iniciativa del Ejecutivo, pero avanzaron un paso más en el cuestionamiento judicial a la norma ideada por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, para frenar el «goteo» de fondos del atrapados en el «corralito» por vía de los amparos.

Los artículos vetados por el fallo general de García son el que suspende por 120 días hábiles la ejecución de los amparos, el que interrumpe las causas en proceso y el que determina que los depositantes habilitados por cuestiones de salud o de edad retiren sus fondos en la sede del Banco Central.