Armas: rechazan el pedido de excarcelación de Cavallo

Judiciales

El juez en lo Penal Económico de la Capital Federal, Julio Speroni, rechazó ayer el pedido de eximición de prisión que presentaron los abogados de Domingo Cavallo, quien pasó su segundo día detenido en el escuadrón Buenos Aires de Gendarmería, ubicado a unos 150 metros del despacho de Speroni en el barrio porteño de Retiro. El ex ministro de Economía está acusado de haber cometido presuntamente los delitos de contrabando agravado y malversación de caudales. Es por haber sido responsable de controlar el funcionamiento de la Aduana durante la venta de armas a Ecuador. Cumplía idénticas funciones cuando salieron los embarques a Croacia y por ese caso, el mismo juez lo indagó y le decretó la falta de mérito.

«El argumento de que Cavallo era responsable de la Aduana para imputarle un contrabando me parece que es falaz. Con ese criterio, (Carlos) Menem es mucho más responsable que Cavallo porque era el jefe de la administración»,
dijo Alfredo Castañón, estrecho allegado al ex ministro Cavallo. Pasó una noche tranquila en la primera jornada en su lugar de detención y rechazó pedir comida a sus familiares y allegados. El ex ministro se conformó con el «rancho» (ración de comida) que se sirven los gendarmes, consistente en guiso de albóndigas con fideos para la cena de anteanoche y pollo con arroz para el almuerzo de ayer. Durante la mañana desayunó sólo unos mates y no hizo uso del recreo para caminar por el patio del escuadrón.

• Acusación

Sí se lo veía ambular por diversas dependencias de la unidad de Gendarmería. Castañón también argumentó que «la Aduana en las exportaciones (de armas) actuó igual que en anteriores oportunidades» y se preguntó aunque en tono de acusación ¿por qué hay que imputarle algo si actuó igual que actuaron con todas las exportaciones anteriores? ¿Por qué ésta fue desviada? Pero si fue desviada, no lo sabía ni el guarda de Aduana, ni Cavallo». En estos cuestionamientos está la clave de la detención del ex ministro ya que quienes han tenido acceso al expediente sostienen que las resoluciones son exactamente iguales para el decreto 103/95 -por el cual Speroni lo dejó preso- como para los otros dos del año 1991 cuando se exportaron armas a Panamá que se desviaron a Croacia. En setiembre del año pasado, el mismo juez lo indagó a Cavallo por estos últimos decretos y le decretó la falta de mérito por no existir pruebas suficientes que ameritaran su procesamiento.

Los tres decretos observados son el calco de otra quincena de normas similares que vienen desde la época del gobierno de
Raúl Alfonsín cuando se reglamentó este tipo de ventas secretas de armas por parte del Estado. Toda la estructura, de los decretos desde el año 1984 es la misma que la del decreto 103/ 95, se argumenta entre los defensores del ex ministro que insistieron con que ese sistema no fue armado, pensado o sugerido por Cavallo sino impuesto desde hace más de 10 años. También reniegan de que haya sido el Ministerio de Economía quien propiciara la venta de armas sino el de Defensa, todo un tiro por elevación a Antonio Erman González, archienemigo de Cavallo, quien -por esas ironías del destino- ocupa la misma celda en Gendarmería.

• Otro argumento

También en su descargo ante Speroni, Cavallo sostuvo que «jamás mantuvo reunión o conversación alguna con empresario, proveedor o funcionario de su ministerio o de cualquier otro» por estas ventas de armas. Tampoco dice haber sabido de estas operaciones hasta que trascendieron por los diarios. Eso lo habría llevado a pedirle al ex presidente Menem que se publicaran en el Boletín Oficial, todos los decretos secretos. Otro argumento de la defensa es que el juez no le exhibió ningún documento o elemento probatorio novedoso y se le reprocha que no se le hizo conocer ninguna razón o prueba que justifique su detención. En tanto en Tribunales también se preguntan «¿Por qué fue preso Cavallo y no Carlos Sánchez, su ex viceministro que también controlaba la Aduana y por qué -aún- no se indagó a Gustavo Parino o a su antecesor, el vicealmirante Juan Carlos Martínez?».

El juzgado sostiene que Cavallo firmó los decretos junto con Erman González, Guido Di Tella y Oscar Camilión y que la Aduana dependía orgánicamente del Ministerio de Economía. También se refuta sobre el alegado desconocimiento del ex ministro sobre la venta de armamentos que «conforme al decreto 1097/ 85 (Alfonsín) a Economía le correspondía inspeccionar la capacidad económica (solvencia) del país declarado como supuesto importador (comprador) del material bélico, aspecto esencial a la hora de evaluar eventuales responsabilidades funcionales por el caso investigado». En el expediente también se cuestiona a la Aduana por la posible existencia de subfacturaciones ya que Fabricaciones Militares declaró un valor de u$s 40 millones para los 5.000 fusiles y las 75 toneladas de munición que se enviaron a Ecuador y que luego, por las investigaciones judiciales, ese monto habría ascendido a u$s 100 millones, lo que daría un faltante de u$s 60 millones que se habría quedado en mano de los intermediarios.

En el voluminoso expediente -ahora unificado en
Speroni- se cuestiona el papel desempeñado por los sucesivos administradores de la Aduana al no haberle llamado la atención el exiguo valor pagado por esta mercadería, el transporte de las armas en una aeronave de transporte comercial (Fine Airlines) expresamente prohibida por la Convención de Chicago de 1942, el estacionamiento de un barco croata en la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cargando parte de las 6.500 toneladas de armas con destino a Panamá y las razones que llevaron a los verificadores aduaneros a firmar el «verificado conforme» de control de salida a pesar de tratarse de material secreto no sujeto a verificación aduanera.

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