Armas: también gobierno quiere ser querellante

La Aduana se presentará esta semana en la Justicia reclamando su derecho a que se la acepte como querellante en la causa judicial en la que se investiga el presunto contrabando de armas a Estados Unidos. Por el nuevo affaire está complicado Fabricaciones Militares (FM), conducido por un santacruceño, que depende del Ministerio de Planificación.

La Aduana entiende que la supuesta exportación de repuestos usados de fusiles FAL y FAP a una empresa estadounidense en febrero de este año se puede encuadrar en un «delito de contrabando agravado». Por el contrario, el interventor de FM, Arturo Puricelli (ex gobernador de Santa Cruz), niega que este sea un caso de contrabando de armas. O sea, el Estado se va a querellar a sí mismo porque ambos organismos están bajo la órbita del gobierno nacional.

En la causa judicial consta, además, que el comprador del armamento investigado es la empresa estadounidense JLD Enterprises, cuyo fundador es un argentino. La operación había sido aprobada por una comisión integrada por los ministerios de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores.

Por esta causa, además, el juez Guillermo Tiscorniaya allanó dependencias de Fabricaciones Militares, en el área del Ministerio de Planificación, y citó a declaración testimonial a funcionarios de ese organismo que intervinieron en esta exportación de fusiles a los EE.UU. Esa fue una de las medidas de prueba solicitadas por la fiscal Carolina Robiglio. Las declaraciones ya empezaron a tomarse.

Buena parte del material bélico que secuestró la Justicia -6.700 kilos de fusiles- tenía las numeraciones limadas; otras armas contaban con un número de serie que no correspondía con lo declarado en los remitos de exportación.

Según los investigadores, quienes intervinieron en este «presunto contrabando agravado» también ocultaron en sus declaraciones juradas el verdadero contenido de lo que enviaban a los Estados Unidos.

El Código Aduanero castiga este delito de contrabando agravado con penas de hasta 10 años de prisión, y los representantes del organismo ven dos razones para encuadrar el caso de esta manera: la supuesta «intervención de más de tres personas» y «la participación de funcionarios o empleados públicos».