Banqueros y políticos, en manos del juez Urso

Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo, Roque Maccarone y varios banqueros -Eduardo Escasany y Antonio Garcés, del Galicia; Manuel Sacerdote y Víctor Zerbino, del BankBoston; Alan Roderic Macdonald, del Scotiabank Quilmes; José Luis Cristofani, del Río; José María Dagnino Pastore y Carlos González Taboada, del Sudameris y Peter Baumann y Timothy Gibbs del Citibank-quedaron desde ayer provisoriamente en manos del juez federal Jorge Urso. Esta situación procesal se produjo porque su polémico par de Instrucción, Mariano Berges, se desprendió de la causa que juzga al ex presidente, al ex ministro de Economía, al ex titular del Banco Central y a directivos de bancos, por su supuesta responsabilidad de no reintegrar depósitos de ahorristas por imposición del «corralito» financiero.

•Falta de mérito

De todos modos, el peso de la investigación será llevado por el secretario letrado del juzgado número 7, Oscar Aguirre, ya que Urso lo subroga por unos meses de acuerdo con el sistema impuesto para reemplazar a jueces titulares renunciados o con licencia: su titular anterior fue Adolfo Bagnasco. Ante la poca solidez de su investigación, Berges debió dictarles la falta de mérito a los banqueros detenidos por el supuesto delito de administración fraudulenta, pero le pidió a Urso que los investigue por delitos muchos más graves: «subversión económica» -está derogado por ley-, evasión fiscal y lavado de dinero. Pero la acusación la extiende a De la Rúa, Cavallo y Maccarone al sostener que existió un acuerdo entre los bancos y el gobierno para impedir que los ahorristas retiren su dinero. Por eso, los acusa de supuesta «administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y perjuicio a la administración pública».

•Cuestionado

El criticado Berges se excusó después de haber salido profusamente en los medios periodísticos a raíz de medidas judiciales cuestionadas, como pedir a los ahorristas que vayan a su juzgado a formular denuncias contra los banqueros porque consideró que si continuaba con su pesquisa debía citar a Maccarone y, por tratarse de un funcionario federal, el caso automáticamente lo absorbía el fuero al que pertenece Urso. La prédica de Berges tuvo éxito, ya que a la denuncia inicial contra el Sudameris -retención de u$s 15.000-se sumaron unas 400 presentaciones judiciales que le permitió extender la investigación a importantes bancos extranjeros, como el Scotiabank (ver aparte) y el Río del Santander-Central Hispano, llegando a pedir la captura de Ana Botín, hija del principal accionista de la entidad española.

La presión llegó hasta el premier José María Aznar, quien tuvo que pedir por los Botín ante Eduardo Duhalde, pero, además, colocó a ese poderoso conglomerado bancario en contra de los ahorristas argentinos. Esa reacción negativa a devolver los depósitos congelados en el Río por parte de los accionistas españoles por acción de Berges la pudo comprobar el abogado argentino Carlos Wiater, quien debió adquirir acciones del Santander para poder plantear la posición de los dueños de los plazos fijos en Buenos Aires. Los españoles se negaron a cualquier acuerdo por la «persecución del juez argentino».