Casación autoriza que intervengan defensores públicos por desaparecidos

La Cámara Nacional de Casación Penal reconoció el derecho de los defensores públicos a intervenir en causas sobre desaparecidos durante el gobierno militar, aunque los familiares de las víctimas no se presenten a reclamar derechos.

De todos modos, la Sala I del máximo tribunal criminal de la Nación recomendó que, antes de formular pedidos o iniciar averiguaciones sobre personas desaparecidas, los defensores públicos oficiales "agoten las posibilidades de contacto" con los familiares con el fin de "compatibilizar intereses".

La "legitimación" para actuar de la Defensoría Pública había sido rechazada por la Cámara Federal de Mendoza en el juicio que investiga "el destino de las personas víctimas de desaparición forzada en la circunscripción de este tribunal entre el 24 de marzo de 1976 y el 26 de setiembre de 1983".

Según la Oficina de Prensa de la Defensoría General de la Nación, la Sala I de la Cámara de Casación destacó, en cambio, que es una obligación del Estado averiguar la verdad y que la misma no debe depender de intereses particular, por lo cual le reconoció el derecho a actuar de oficio a los defensores públicos.

La apelación contra el fallo del tribunal con asiento en Mendoza afirmó que esa decisión "sostenía un hecho tan arbitrario como lo es que las personas desaparecidas tuvieran o no familiares para que se pudiera continuar con los juicios por la verdad".

El recurso había llegado a la Cámara de Casación un par de años y el tribunal, con los fundamentos expresados por la defensora oficial Laura Pollastri, lo remitió a la Corte Suprema de Justicia.

En octubre último, la Corte, compartiendo el criterio del procurador fiscal Eduardo Casal, revocó la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza y devolvió el expediente a Casación Penal, para que dictara un nuevo fallo.
Según trascendió de fuentes tribunalicias, la resolución de la Sala I de la Cámara de Casación, que otorga "personería" procesal a la Defensoría Geneneral de la Nación, fue firmada por los jueces Alfredo Bisordi, Liliana Catucci y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso.