3 de enero 2006 - 00:00

Consejo de jueces salió a justificar su existencia

Néstor Kirchner
Néstor Kirchner
El Consejo de la Magistratura propuso al Poder Ejecutivo 240 ternas de candidatos a jueces desde su creación en 1998 y, pese a que aún resta designar 39 magistrados, 2005 fue el año que más funcionarios judiciales se nombraron. Los datos surgen de un informe estadístico que la comisión de selección del cuerpo publicó en su página de Internet y se conoció en medio del debate por el proyecto legislativo de reducir de 20 a 13 la cantidad de miembros que integran el consejo.

Néstor Kirchner
dedicó su último discurso de apoyo a ese proyecto a explicar que cada miembros de ese consejo le cuesta al Presupuestos $ 70 mil mensuales. El costo del organismo, cuya naturaleza y eficacia se discuten desde su creación en la Constituyente de 2004, ha sido objeto de muchas críticas, y el Presidente puso el dedo en la llaga al señalar cómo los integrantes del consejo se han convertido en superfuncionarios con despliegue de medios, secretarios, oficinas, asesores, etcétera.

El trabajo, actualizado al 28 de diciembre de 2005, señala que, desde su puesta en marcha, el organismo celebró y concluyó 119 concursos para cubrir 242 vacantes de jueces, de las cuales una fue declarada desierta y la otra se cubrió con un traslado. Sin embargo, afirma que el Poder Ejecutivo lleva designados 201 magistrados y que los 39 nombramientos restantes están pendientes debido a que hay 32 expedientes que todavía no fueron enviados al Senado y otros 7 a los que la Cámara alta aún no les dio acuerdo.

A pesar de ello, 2005 fue el año que el Ejecutivo designó más cantidad de jueces, 71 en total, contra 40 en 2004, 10 en 2003, 47 en 2002, 33 en 2001 y ninguno en los años anteriores.

El informe presenta varios cuadros de los que surge el tiempo transcurrido desde que el consejo envía las ternas hasta que los jueces son designados formalmente y asumen su cargo, y en algunos casos se produjeron demoras de 2 años y cinco meses. Esas demoras suceden en el Poder Ejecutivo y en el Congreso, que es quien da los acuerdos para las designaciones.

• Espera

Los que más debieron esperar para asumir en el cargo fueron el juez federal de Rosario Carlos Vera Barros, cuya terna se envió el 26 de marzo de 2003 y asumió el 31 de agosto de 2005, y su par de Santa Fe Francisco Miño, que se convirtió en magistrado el 16 de agosto de 2002, pese a que su terna se había enviado dos años antes. Algo similar ocurrió con el ex juez del caso García Belsunce, Diego Barroetaveña, integrante del Tribunal Oral N° 21 porteño, quien asumió el 22 de junio de 2005 aunque la terna que integraba se había remitido el 20 de agosto de 2003 con sus colegas Juan Ramos Padilla y Domingo Altieri.

En cambio, se designaron en seis meses los jueces criminales federales de la Capital como
Julián Ercolini, Ariel Lijo, Guillermo Montenegro y Daniel Rafecas, y en cinco el camarista federal Eduardo Freiler.

Otros casos que se destacan son los de candidatos cuyos nombramientos están pendientes, como el de la jueza federal catamarqueña
Amalina Assaf, que lleva esperando dos años y ocho meses para que salga su pliego, y el juez del Tribunal Oral N° 24 porteño Ricardo Camutti, dos años y dos meses. Este postulante fue motivo de polémicas por haber sido propuesto en un orden preferente por el gobierno, algo que se atribuye a su origen: viene de ser fiscal en la provincia de Santa Cruz. También fue objetado por el CELS (conducción Verbitsky) por haber condenado -subrogando a un juez de su provincia- a un menor a perpetua, violando pactos internacionales.

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