Corte bonaerense no se expidió sobre el impuesto a la Riqueza. Quieren saber si a sus jueces también los afecta

El subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense evitó hoy pronunciarse sobre si es constitucional la decisión de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de cobrar una alícuota adicional de los impuestos Inmobiliario y Automotor, a la espera de determinar si los integrantes de ese máximo tribunal están alcanzados por el gravamen.

La Corte definiría los pasos a seguir recién la semana próxima, cuando compruebe si los siete ministros que la integran son contribuyentes del denominado "impuesto a la riqueza", ya que en ese caso deberían excusarse y tendría que convocarse a conjueces para completar la integración del mismo tribunal.

El nuevo tributo bonaerense se empezó a cobrar mediante un adicional de los impuestos Inmobiliario y Automotores (patentes) que se aplica a los contribuyentes que tengan un patrimonio global superior a los 500 mil pesos.

Y para calcular ese monto se contabilizan no sólo los bienes gravados por la Provincia sino la totalidad de su patrimonio, incluyendo inmuebles y bienes en otros lugares del país y el exterior, y depósitos bancarios en cualquier lugar del mundo.

Esta tarde, según trascendió en fuentes tribunalicias, el tema fue analizado por la Suprema Corte, aunque no se avanzó en el análisis de la presunta inconstitucionalidad de la nueva imposición.

La Corte decidió tomarse una semana más con el objeto de determinar si alguno de los siete ministros que la integran está alcanzado por el nuevo tributo, ya que en ese caso debería excusarse.

De esta manera, cada excusación deberá ser cubierta con conjueces de la Casación hasta completar la totalidad de los siete miembros, el número original de integrantes de la Corte.

En la Corte bonaerense hay por lo menos dos presentaciones en las que se efectuaron "planteos de inconstitucionalidad" contra el nuevo gravamen, que rige desde este año para un sector de los contribuyentes bonaerenses.

Esos planteos habrían sido presentados por contribuyentes alcanzados por el nuevo adicional impositivo.

Los planteos de presunta inconstitucionalidad del impuesto adicional -también conocido como "el impuesto provincial a la riqueza"- estarían fundados en que este gravamen implicaría "una doble imposición" sobre el mismo concepto, ya que la administración nacional ya cobra un virtual impuesto a la riqueza, el llamado gravamen a los Bienes Personales.

El nuevo tributo bonaerense se cobra mediante un adicional de los impuestos Inmobiliario y Automotores (patentes) que se aplica a los contribuyentes que tengan un patrimonio global superior a los 500 mil pesos.

El impuesto adicional fue puesto en marcha, por primera vez, a comienzos de septiembre, cuando Rentas convocó a los contribuyentes alcanzados por el mismo, según sus registros, a llenar un formulario y a pagar el gravamen, mediante un mecanismo que previó el pago al contado o en cuotas hasta diciembre inclusive.

Casi la mitad de los contribuyentes que se encuentran alcanzados por esa alícuota adicional ya abonaron el saldo correspondiente a la primera cuota.

Montoya espera recaudar este año 100 millones de pesos, por la alícuota adicional del impuesto a la Riqueza, importe que representa el 8 por ciento de lo que se recauda por el Impuesto Inmobiliario y el 6 por ciento, si se suma a ese gravamen el de Automotores.

Al momento de decidir este impuesto, el funcionario argumentó que "cobrar un 6 por ciento a un ciudadano con activos por más de medio millón de pesos no es una carga tributaria exagerada", sino que dijo que es "una medida tributaria que alivia la regresividad del sistema".

Esta alícuota debió abonarse antes del 28 de septiembre pasado, y varía según el patrimonio que el contribuyente posee tanto en la Provincia como en el resto del país y en el exterior.

Si tiene entre 500 mil y 700 mil pesos el fisco le aplica un 0,25 por ciento adicional al valor de los inmuebles y automotores radicados en la provincia de Buenos Aires.

Si el patrimonio se ubica entre los 700.001 y 1,2 millón de pesos la alícuota adicional es de 0,50 por ciento.

Para quienes sumen un patrimonio superior a 1,2 millón de pesos, la sobre alícuota alcanza el 0,75 por ciento.

Este año, los contribuyentes debían abonar sólo el 75 por ciento del monto que les correspondería pagar anualmente, dada la fecha en que entró en vigencia la Ley.

Las personas bajo relación de dependencia acceden a una bonificación de 30 por ciento del monto total, que se suma al descuento del 25 por ciento mencionado por la entrada en vigencia del aumento y a los que rigen para el pago al contado o en cuatro cuotas.

Para determinar los contribuyentes que deben abonar el adicional, deben presentar una declaración jurada informativa consignando la composición y valor de su patrimonio al 31 de diciembre de cada año.

Más allá de los bienes que los contribuyentes detallen en la declaración jurada, la Provincia sólo aplica el adicional sobre los situados o radicados en ese distrito.