El dueño de la discoteca República de Cromañón, Omar Chabán; su más cercano colaborador, Raúl Villarreal; y cinco policías serán sometidos a juicio oral y público por el incendio en el que murieron 194 personas. La decisión de clausurar esta primera parte de la causa la tomó la jueza María Angélica Crotto. Para una segunda instancia quedó el enjuiciamiento de 31 procesados entre los que se cuenta el grupo musical Callejeros y los ex funcionarios porteños, todos con recursos pendientes de resolución en la Cámara de Casación Penal.
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Chabán, el único detenido por esta causa, y su mano derecha, Villarreal, están acusados de los delitos de «estrago doloso» que prevé penas de hasta 20 años de cárcel y «cohecho activo» (pagó de sobornos).
Cargos
A los policías, se los imputa de los delitos de presunto «cohecho pasivo» e « incumplimiento de deberes de funcionario público». Se trata del comisario Miguel Angel Belay, quien era jefe de la Comisaría 7ª antes de la tragedia; el jefe de la seccional en el momento del incendio, comisario Gabriel Sevald, su segundo, el subcomisario Carlos Díaz; y dos suboficiales de la dependencia, Ramón Sosa y Cristian Villegas.
El desdoblamiento del expediente puesto en práctica por Crotto es similar al que realizó el juez federal Daniel Rafecas con la causa por los sobornos en el Senado, quien cerró la investigación respecto de los integrantes de la Cámara alta y ex funcionarios procesados mientras que sigue en análisis la del ex presidente Fernando de la Rúa.
Ayer, el abogado Pedro D'Attoli adelantó que apelará la resolución por entender que la división de la causa puede generar irregularidadese impunidades.
El abogado recordó que tiempo atrás, cuando recurrió a la Cámara de Casación para pelear por la excarcelación de Chabán planteó su negativa a que la causa sea divida en dos juicios, uno para los ex funcionarios y otro para los que no se habían desempeñado en la función pública.
«Casación estuvo de acuerdo con la defensa en cuanto a que propiciaba un único debate», recordó el letrado.
De acuerdo con las normas procesales, la magistrada notificará ahora la clausura de la investigación a las partes (querella, fiscalía y defensa) para que presten su conformidad -o se opongan- y sugieran medidas de prueba de las que intentarán valerse durante el debate.
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