6 de marzo 2002 - 00:00

Demora táctica sobre "corralito"

La Corte Suprema de Justicia decidió postergar ayer el análisis de las medidas cautelares promovidas por la provincia de San Luis (ver nota en Ambito Nacional) y por la defensora del Pueblo de la Ciudad, Alicia Oliveira, contra las normas que impusieron el «corralito» bancario, ante la necesidad de «seguir estudiando la situación antes de tomar una decisión». Quizá la semana próxima se reactualice, confió uno de los jueces de la Corte al ser consultado.

En realidad, la mayoría de los jueces de la Corte está buscando evitar el agravamiento de la pulseada que sostiene con el gobierno. No hay mayoría dispuesta aún a poner su firma, porque una determinación de este tipo enviaría una inequívoca señal de guerra a la Casa de Gobierno. Influye, además, el hecho de que parecen desinflarse las estentóreas declaraciones de algunos diputados de la Comisión de Juicio Político, que hasta hace poco manifestaban sin ningún pudor la intención de separar de sus cargos a todos los jueces de la Corte.

En cuanto al expediente que atañe a la provincia puntana, que gobierna la peronista Alicia Lemme, la Corte consideró «necesario estudiar una presentación realizada a último momento por el Banco Central sobre la situación de los recursos financieros». San Luis reclama al máximo tribunal el retiro de más de u$s 360 millones depositados en carácter de reservas presupuestarias, producto de la recaudación fiscal local, acumuladas en el último año.

Un comunicado explicó, con respecto al caso de la Defensoría de la Ciudad, que la Corte deberá «estudiar un escrito por el que realizaron ciertas manifestaciones con respecto al alcance y al modo de efectivizar la medida cautelar que oportunamente solicitó».

Oliveira
pidió a la Corte que se convoque a una «audiencia» entre la Asociación de Bancos y el Banco Central, con el fin de que se les restituya el dinero a los depositantes en el marco de una negociación.

La defensora Oliveira había presentado un amparo colectivo contra el «corralito» que obtuvo una medida cautelar favorable del juez Silva Garretón.

La funcionaria pidió que, antes del diligenciamiento de cualquier medida que se pudiere ordenar, se convoque a una audiencia con la participación de representantes del Banco Central y de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA).

El objetivo planteado por la defensora porteña es que
«partiendo del mantenimiento sin mengua alguna del valor de los ahorros», se establezcan bases de negociaciones privadas, que respeten la restitución ordenada de los mismos.

Oliveira
opinó que «no debería haber un terremoto si la Corte Suprema de Justicia falla en favor de su reclamo de liberación de los ahorros de ciudadanos porteños que se encuentran atrapados en el 'corralito'».

En tanto, según relató la funcionaria,
«el presidente de uno de los bancos que tienen casa central en la ciudad» le aseguró que «armando una suerte de agenda, un cronograma de trabajo, podemos devolver los ahorros sin que la gente se mate».

«A lo mejor -me dijo-tardamos 15 días o un mes, pero ya hablamos de plazos mucho más seguros. Esto a mí me dio mucha tranquilidad porque no se trata de uno de los bancos más grandes de la Argentina»,
agregó Oliveira, quien señaló que el banquero con el que habló pertenece «a un banco público».

Oliveira afirmó que el presidente del banco con el que conversó «hablaba por todo el sistema», aunque le aclaró que
«él creía que, a lo sumo, había dos bancos que no podían cumplir».

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