Denuncian a funcionarios por Gasoducto Patagónico

Judiciales

La construcción del Gasoducto Patagónico quedó ayer bajo la lupa judicial. El fiscal Carlos Stornelli denunció penalmente a funcionarios de la Secretaría de Energía por presunta defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La denuncia alcanza al titular de la secretaría, Daniel Cameron; al ex responsable del Enargas Fulvio Madaro; al subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; al ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, y al presidente de Emgasud SA, Alejandro Pedro Ivanissevich. Se trata de una investigación preliminar que surgió a partir del «affaire» Skanska.

El Gasoducto Patagónico se extiende entre Comodoro Rivadavia y Esquel y está a cargo de Emgasud. La obra tiene por finalidad la provisión y distribución de gas natural a distintas localidades cordilleranas, mediante la unión del Gasoducto General San Martíny el sistema de captación en el Yacimiento-Anticlinal Grande Cerro Dragón, con los sistemas de distribución de gas en las localidades de Río Mayo, Gobernador Costa, José de San Martín, Alto Río Senguer y Tecka, y con el Gasoducto Cordillerano en las proximidades de Esquel.

El fiscal Stornelli se movió sobre la base de una presentación realizada por el diputado chubutense Juan Carlos Lorenzo, mediante la cual manifestó su sospecha acerca de posibles existencias de sobreprecios en esa obra.

  • Irregularidades

    Se cuestiona el financiamiento de la obra proporcionada por el Estado, pese a que el decreto presidencial 180 del año 2004 consigna que los fondos fiduciarios que financian todas las obras de los gasoductos no pueden constituirse con dinero ni bienes del Estado. El fideicomiso del gas fue manejado por Nación Fideicomisos, que depende del Banco Nación, cuyo gerente es Néstor Ulloa.

    Entre las supuestas irregularidades se mencionan:

  • Los valores del costo de la obra, principalmente de aquellos calculados al comienzo del proyecto (año 2005 - $ 243.600.000) y los que surgieron con posterioridad, que llegarían a la suma de $ 295.648.220.

  • La adjudicación directa de una obra de aproximadamente 300 millones de pesos bajo el «disfraz de una obra por administración» e incumpliendo los requerimientos que ellos mismos se habían autoimpuesto. . El cuádruple rol de la empresa Emgasud como «cofiduciante, gerente de proyecto, constructor y futuro operador de la obra», ello cuando los roles de gerente de proyecto y operador son absolutamente incompatibles.

    Al adjudicársele ese carácter -sostiene la denuncia del fiscal Stornelli-, el Emgasud habría resultado ilegítimamente beneficiado. En especial cuando al momento de las contrataciones (fecha de las firmas de la carta intención, contratos de gerenciamiento y contrato suplementario de fideicomiso), esa empresa supuestamente no contaba en sus estatutos, como objeto social, el de la construcción o instalación de gasoductos.

    El fiscal sugiere investigar además la posibilidad de que se haya aprobado y pagado distintos valores dinerarios presuntamente «irregulares o desmedidos en cuanto a su naturaleza y/o razonabilidad», tanto respecto de los contemplados al inicio de la obra como de los que finalmente se desprendieron de las modificaciones posteriores erogados, en parte, del fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos SA.
  • Dejá tu comentario