Dilema judicial

Judiciales

«Deben tener la audacia de ser independientes», les dijo recientemente a los jueces del país la miembro de la Corte Suprema, Dra. Carmen Argibay Molina. Insólita recomendación en una de las frases más impactantes del año porque sólo es concebible una recomendación así en un país subdesarrollado, minusválido además en tema justicia y democracia.

Pero no es irreal la frase aunque nos desjerarquice como Nación. No podemos negar que todo nuestro andamiaje judicial es endeble. Hay jueces a quienes se los juzga por sus fallos y hay fallos directamente corruptos; hay jueces que son separados si no cumplen la doctrina del poder político de turno -lo que hoy se llama la «Justicia verbitskyana» por quien la impone con respaldo oficial- y hay jueces que actúan corporativamente para la «familia judicial»; entre los magistrados hay persecuciones pero también «amiguismo»; hay jueces -más notoriamente en el fuero laboral- que desalientan las inversiones, fomentan así el desempleo y le crean desconfianza internacional al país. Pero también hay legislaciones aberrantes que se votan y que los jueces deben aplicar.

Llevamos 22 años continuos de democracia -lapso vergonzoso por lo escaso- y los 3 presidentes de la Nación con mandato más largo se aseguraron Corte Suprema propia: Raúl Alfonsín la armó toda porque la anterior era de gobierno de facto; Carlos Menem la tuvo vía ampliar su número de miembros y Néstor Kirchner la logró también propia -la actual- vía remociones, algunas de ellas con argumentos insostenibles.

Ese panorama se llama la
«inseguridad jurídica» que hoy impera en la Argentina. No hay síntoma de mejora. Los jueces están sometidos, por la última reforma constitucional, a un Consejo de la Magistratura que los puede juzgar e, inclusive, los propone para asumir. Pero en este camino hacia la hegemonía antidemocrática que se nota en la Argentina se quiere sacar de ese Consejo a legisladores de la oposición. Una barbaridad política. Además, reducir el número de miembros, pero aquí surge otra duda que trata el conocido letrado Emilio Cárdenas (ver Opiniones): hoy hay 9 legisladores políticos contra 10 miembros desde los jueces hasta los abogados federados. Cárdenas se aferra al texto constitucional, de buscar un tercio de poder para cada uno. Pero los «políticos» se dividirían -en lógica democrática, al menos- entre ideologías distintas y, en cambio, es muy difícil que representantes de jueces y abogados no actúen juntos lo que nos podría llevar a la «patria judicial». Un dilema. Podemos leer lo que dice Cárdenas.

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