El Gobierno aceptó la renuncia del juez Bisordi

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El Gobierno aceptó la renuncia del juez de la Cámara de Casación Alfredo Bisordi, quien se había declarado como el enemigo número uno del entonces jefe de Estado, Néstor Kirchner.

Así lo hizo la administración nacional a través del decreto 920/2008, fechado el miércoles pasado, según fue publicado hoy en el Boletín Oficial.

"Aceptase, a partir del 1 de abril de 2008, la renuncia presentada por el señor doctor Alfredo Horacio Bisordi (Matrícula número 7.613.304), al cargo de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal", se lee en el artículo primero del texto.

Bisordi fue el juez cuestionado por varios organismos de Derechos Humanos e incluso por el entonces presidente Kirchner, quienes lo acusaron de obstaculizar y provocar demoras en las causas contra ex represores por delitos de lesa humanidad.

El magistrado ya había renunciado el pasado 6 de septiembre a la Presidencia de la Cámara de Casación, aunque optó por permanecer como uno de sus integrantes.

Además, ya había hecho público su deseo de obtener el beneficio de la jubilación tras los enfrentamientos que tuvo con varios miembros del Gabinete.

El juez había sido cuestionado por Kirchner junto a sus colegas Gustavo Hornos, Ana María Capoluppo de Durañona y Vedia y Amelia Berraz de Vidal -renunció a su cargo- por la paralización de las causas por violación a los derechos humanos que estaban radicadas en esa sala del Tribunal.

Todo se inició con las críticas de Kirchner hacia la Cámara de Casación que expresó en el marco del aniversario del golpe de estado el 24 de marzo de 2007.

A los pocos días y en declaraciones a la prensa, Bisordi, entonces presidente del Tribunal, rechazó las críticas y se declaró "enemigo público número uno" de Kirchner.

Las críticas de un lado y otro tuvieron su pico de tensión cuando varios diputados del Gobierno que integran el Consejo de la Magistratura impulsaron una denuncia contra Bisordi por mal desempeño en sus funciones.

Sin embargo, el camarista siempre negó que haya retardo en la resolución de las causas de derechos humanos, y atribuyó la demora en la cantidad de expedientes que recibe la Cámara de Casación.

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