ESMA: procesaron a 33 ex militares

Judiciales

Treinta y tres nuevos procesamientos y embargos que promedian los 250 millones de pesos fueron dictados por el juez federal Sergio Torres en la causa en que investiga violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La decisión incluye la ampliación de los procesamientos -por 617 nuevos casos- de la mayoría de los ex jefes de las fuerzas armadas y de seguridad que actuaban en la órbita de la ESMA.

Los procesamientos incluyen al ex oficial naval Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del ya fallecido homónimo militar que tenía a su cargo el Primer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura y que encabeza la carátula de otra «megacausa» reabierta tras la nulidad de las «leyes del perdón».

«Los ilícitos investigados en esta causa no resultaron producto de una decisión solitaria sino que son consecuencia de un modo de acción que aquellos que detentaban el poder habían decidido», dijo Torres en uno de los párrafos de las más de 600 carillas que componen su resolución.

  • Plan predelineado

    Allí el magistrado aludió a la «existencia de un plan delineado previamente mediante el cual se había acordado la 'eliminación de grupos subversivos'» y que consistía en secuestrar a las víctimas y trasladarlas a la ESMA.

    En ese centro los «sometían a interrogatorios para obtener 'a cualquier medio' información», recordó el magistrado con la intervención del secretario Diego Slupsky al suscribir la voluminosa resolución en esta «megacausa».

    Para ello había que «mantener el plan en las sombras», lo que requería la interrelación entre oficiales de la Armada, del Ejército y de las fuerzas de seguridad como la Policía Federal, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario.

    La medida del juez Torres alcanzó a Jorge «el tigre» Acosta, Oscar Montes, Alfredo Astiz, Manuel García, Antonio Pernías, Alfredo González, Jorge González, Jorge Perren, Jorge Rádice, Francisco Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Savio, Pedro Santamaría, Néstor Cardo y el ex comisario Ernesto Weber.

    Ricardo Corbeta, el oficial del Ejército Julio Coronel, Juan Azik, Hugo Damario, Carlos Fraguio, Carlos Generoso, Jorge Magnaco, Suárez Mason (h), Carlos Pazo, Rogelio Martínez Pizarro y el vicealmirante-Antonio Vañek, entre otros.

    La nómina de los nuevos procesamientos alcanza, además, a Eugenio Vilardo, Miguel Benazzi Berisso, Roberto Froio, Juan Antonio Torti, Raúl Enrique Scheller, Oscar Lanzón y el prefecto Héctor Febres.

    El juez consideró que, desde sus distintos roles de actuación, todos ellos hicieron «aportes imprescindibles» para que se pudieran perpetrar esas más de seiscientas nuevas gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la ESMA.

    Respecto de los dos imputados Vañek y Torti, el magistrado resolvió «no hacer lugar a la excepción de indulto» que habían planteado los defensores de los represores.

    El juez también amplió los embargos hasta millonarios montos que llegan, como en el caso de Martínez Pizarro, a los 420 millones de pesos; mientras que uno de los menores es el de Azic, con «solamente» 61 millones de pesos.

    Acosta 230 millones; Astiz 258 millones, Montes 245 millones, García 231 millones, Pernías 245 millones, González 263 millones, Scheller 198 millones, Rolón 263 millones, Suárez Mason (h) 258 millones, Coronel 276 millones y Febres 271 millones son algunos de los embargos decretados por el magistrado.
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