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España: Isabel Perón no será detenida

Isabel Perón.
Este procedimiento se suma al que ya tiene abierto la ex presidenta en la Audiencia Nacional de España, a raíz de un primer pedido de captura y extradición cursado por el juez mendocino Héctor Acosta, que investiga la desaparición un hombre y el secuestro y torturas de otro durante su gobierno.
Es justamente en esta causa que deberá declarar en los próximos días el ex presidente Raúl Alfonsín, a partir de una decisión del juez Acosta que se materializará una vez que se verifique el domicilio real del ex mandatario.
Según fuentes judiciales, el magistrado "quiere saber" si Alfonsín consiguió apoyo del Partido Justicialista para juzgar a los militares a cambio de "no tocar" los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el gobierno de la viuda de Perón.
Agregaron que la decisión del juez Acosta está motivada tras enterarse de que el actor y ex diputado nacional, Luis Brandoni, reveló a la prensa que Alfonsín fue "limitado" por el PJ para investigar los crímenes adjudicados a la Triple A.
En tanto, el radical Leopoldo Moreau sorprendió hoy al contar que el ex ministro José Ber Gelbard, le pidió a Fidel Castro en 1974 que hiciera gestiones para "sacar del país" a "algunos opositores" antes de que "fueran eliminados" por la Triple A, según se había hablado "en una reunión de gabinete".
Así lo reveló hoy en una entrevista radial, donde consignó que el líder cubano había relatado este hecho en 1986, en Cuba, en una conversación mantenida en el marco de tratativas tendientes a procurar una "salida negociada" que evitara el derrocamiento del régimen sandinista en Nicaragua.
Por otra parte, uno de los abogados querellantes en la causa que investiga el accionar de la Triple A, Donato Perillo, dijo que "no hay revanchismo" de parte de las víctimas de crímenes atribuidos a la Triple A, y destacó que "no hay un uso político de la causa".
De este forma, el letrado desvirtuó las apreciaciones del ex ministro Roberto Lavagna, quien aludió a un "revanchismo" político en la causa, recordó que la legislación internacional actual "no permite la prescripción" de estos crímenes, y agregó que "el tiempo transcurrido no le quita entidad alguna".
Desde el otro extremo, el abogado de la ex presidenta, Humberto Linares Fontaine, manifestó hoy que "no son delitos" las vinculaciones que se le atribuyen a la ex mandataria, a partir del pedido de captura solicitado por el juez Oyarbide.
Quien también opinó sobre la reapertura de la causa sobre el accionar de la Triple A y sus derivaciones es el ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, quien actuó como fiscal en la causa entre 1987 y 1990 y llevó al ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, a juicio por 6 homicidios.
Ibarra sostuvo hoy que el vínculo con la organización parapolicial "es directo en el caso José López Rega y muy cercano" con la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, pero cuando se juzgó al ex ministro, "no había elementos" que permitieran acusar también a Isabel Perón.
En tanto, el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, consideró hoy "muy bueno" que la Justicia investigue el accionar de la banda terrorista de ultraderecha Triple A, que actuó previo al golpe de Estado del '76.
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