España pide a la Argentina la extradición de más de 40 ex militares

Judiciales

El gobierno español aprobó ayer solicitar a la Argentina la extradición de 40 represores procesados en España por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investiga crímenes de la última dictadura militar.

El Consejo de Ministros español, en cumplimiento de la sentencia de 31 de mayo de 2005 dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, acordó ayer dar curso a esta solicitud, que había sido frenada en agosto de 2003, tras la derogación de las leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final.

El documento del Consejo de Ministros acuerda pedir a la Argentina la extradición de Emilio Eduardo Massera, Jorge Rafael Videla, Omar Rubens Graffigna, Armando Lambruschini, José Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Olivera Rovere, Antonio Bussi, Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez, Alfredo Astiz, Antonio Pernias, Héctor Febres, Carlos Guillermo Suárez Mason (fallecido).

El pedido comprende también a Luis María Mendía, Jorge Enrique Perren Fernández, Juan Carlos Ricardo Trimarco, Pablo Eduardo García Velazco, Adolfo Miguel Donda Tigel, Carlos Octavio Capdevilla, Julio César Coronel, Ernesto Firmon Weber, Juan Antonio Azic, Albino Mario Alberto Zimmeman, Roberto Heriberto Albornoz, Augusto Leonardo Neme y Héctor Mario Schwab.

Además, están solicitados Carlos Eduardo Daviou, Carlos José Pazo, Gonzalo Dalma Torres de Tolosa, Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Alberto Luis Cattaneo, Fernando Humberto Santiago, Luis Santiago Martella, Juan Orlando Rolon, Juan Carlos Rolon Tassier, Rubén Oscar Franco, José Eduardo Acosta Aubone, José Antonio Vaquero y Luciano Adolfo Jáuregui.

Un grupo de estas personas, entre las que se encuentra Omar Rubens Graffigna, fueron detenidas en Argentina el 26 de julio de 2003, en cumplimiento de una orden internacional cursada por el juez Garzón.

Tras los arrestos llevados a cabo en Argentina, el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional envió al Ministerio de Justicia la propuesta de extradición, pero el 29 de agosto de 2003 el Consejo de Ministros del entonces presidente José María Aznar acordó no continuar con el procedimiento de extradición activa contra los más de 40 represores argentinos.

Las acusaciones populares y particulares, entre ellas Graziela Palacio de Lois, viuda de uno de los desaparecidos durante la dictadura militar, e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-ICV) interpusieron entonces contra esos acuerdos del Consejo de Ministros un recurso contencioso-administrativo.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo resolvió en mayo de 2005 ese recurso contencioso-administrativo y en su sentencia declaró que el Consejo de Ministros debe dar curso a la solicitud de extradición ante el Gobierno de Argentina para su tramitación.

Más de un año y medio después, el gobierno español explica en el documento aprobado hoy que "está obligado a cursar la petición de extradición del Juzgado Central de Instrucción Número 5 a Argentina, lo que fue aprobado en esta jornada por el Consejo de Ministros".

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