Estalló en la Magistratura otra guerra de corporaciones

Federico Storani

Crecen en intensidad los tironeos políticos para quedarse con la conducción del Consejo de la Magistratura. Ayer, el sector de los abogados denunció la existencia de un «pacto judicial-radical» para designar a un juez como titular del renovado organismo. Ese bloque se opone a que «un miembro de la corporación judicial sea quien ejerza la conducción».

La agrupación Gente de Derecho, que preside el Colegio Público de Abogados porteño, reivindicó de esta forma la postura asumida por los consejeros Santiago Montaña y Pablo Mosca, quienes se opusieron a la designación del camarista Luis María Cabral como presidente del Consejo.

La designación del juez del tribunal oral se definirá en estas horas. Depende del resultado de las elecciones de autoridades de la Asociación de Magistrados, donde confrontan dos listas que representan respectivamente a Cabral y al camarista Luis María Bunge Campos, aspirante también a la jefatura de consejo.

Si hoy se impone la lista de Cabral, es probable que el gobierno impulse a la presidencia del cuerpo a Pablo Mosca. Ese sector fue el más perjudicado por la reforma que promovió Cristina Kirchner. Precisamente, la Corte Suprema debe expedirse sobre un planteo de inconstitucionalidad que hicieron los abogados cuestionando la reducción de 20 a 13 del número de miembros. Ahora, están a un paso de conquistar un cargo que unos meses atrás les era impensado.

Si el resultado de esos comicios internos es distinto, es decir, si triunfa el camarista Bunge Campos, entonces el gobierno apostará todas sus fichas para ungir al hermanastro del canciller Jorge Taiana como nuevo presidente de la renovada Magistratura por el lapso de un año.

Gente de Derecho, la agrupación vencedora de las elecciones para la renovación de autoridades del Colegio Público de Abogados porteño, objetó la probable designación de un juez para presidir al organismo encargado de elegir y remover a los magistrados por considerar que podría actuar «corporativamente» cuando deba juzgarlos. En ese contexto denunciaron un « pacto judicial-radical», entre Cabral y los legisladores Federico Storani y Ernesto Sanz.

El texto se basa en un paralelismo con la denuncia de Raúl Alfonsín en 1983 sobre un «pacto militar-sindical», anterior a las elecciones que lo llevaron a la presidencia, para calificar la coincidencia entre los tres jueces y los dos legisladores de la Unión Cívica Radical para votar por el presidente del Consejo.

«No se trata de una cuestión de nombres ni de hombres. Es una posición principista, fundada en la ética y la moral republicana que emana de cumplir a rajatabla la letra y el espíritu de nuestra Constitución nacional», aclaró el documento.

«La judicatura es una corporación, quizás una de las más fuertes de nuestro país, que se llama a sí misma 'la familia judicial'. Todos los que recorremos los laberintos kafkianos del Palacio de Tribunales sabemos que quienes integran esa 'familia' actúan con un claro sentido corporativo y habitualmente suelen mirar con recelo a quienes llegan a ser magistrados sin provenir de la 'familia'», añade el documento.
El próximo jueves, el Consejode la Magistratura volverá a reunirse para elegir a un presidente, entre el juez Cabral y el abogado Mosca.