Facturas: causa fue a juez al que gobierno quiere poco

Judiciales

El diputado kirchnerista Miguel Bonasso se presentará hoy ante el juez Luis Zelaya para ratificar su denuncia penal por delitos de presunta « malversación de caudales públicos y fraude al Estado» contra el Gobierno porteño por la contratación de publicidad.

A un mes de las elecciones porteñas, la denuncia de Bonasso -un escudero hoy de la candidatura de Daniel Filmus- adquiere color: el diputado menciona al jefe de Gobierno, Jorge Telerman; al secretario de Prensa, Oscar Feito; al legislador macrista Diego Santilli y a un particular llamado Sergio Mastropietro.

Todos fueron puestos bajo sospecha como operadores de las presuntas maniobras ilegales en la emisión de facturas a través de Sol Group, una de las empresas investigadas en el caso Skanska.

  • Sustento

    En Tribunales se afirma que la denuncia del diputado tendría sustento y que obligaría al juez Zelaya a tomar algunas indagatorias, aunque todo dependerá del fiscal Sandro Abraldes.

    En el ARI -integrante de la coalición que encabeza Telerman- reina la desconfianza. Le disgusta que la denuncia de Bonasso haya caído en manos del juez Zelaya.

    Sucede que la arista Marcela Rodríguez estando en el Consejo de la Magistratura fue una de las feroces perseguidoras del magistrado. Incansable, la dirigente buscó y hasta logró poner a Zelaya al borde del juicio político. Lo acusó de no investigar las presuntas torturas denunciadas por un ex policía que supuestamente participó en el secuestro de Mauricio Macri.

    Por ese caso está preso y en camino de juicio oral el ex jefe de la División Antisecuestro de la Policía Federal Carlos Sablich. En la acusación a Zelaya tuvo decisiva influencia el «vocero» del gobierno Horacio Verbitsky, quien le endilgó al juez proteger a «torturadores».

    Sablich es un comisario que en la Capital Federal resolvió 90% de los casos de secuestros extorsivos en una época en la que el gobierno fue desbordado por estas bandas delictivas.

    Se especulaba el viernes con la posibilidad de que Zelaya se apartara del caso y girara el expediente a su colega del fuero federal Guillermo Montenegro o al penal económico de Javier López Biscayart. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada.

    El juez investiga un caso de presunta «administración fraudulenta» y como se trata de un delito de acción pública le compete a la Justicia nacional. Sobre la materia hay antecedentes de sobra. Fueron estos tribunales los que investigaron al ex presidente Fernando de la Rúa en el caso del jardinero o el de los «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante porteño.

    Además no existe, hasta ahora, una acusación que involucre al candidato Telerman o a sus funcionarios en supuesto delito de presunto cohecho o sobornos.
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