Fiscal español reiteró el rechazo a extradiciones

Judiciales

Madrid (EFE) - El fiscal de la Audiencia Nacional española Pedro Rubira pidió ayer formalmente que no se solicite la extradición de los militares argentinos detenidos en ese país y procesados por el juez Baltasar Garzón, en un escrito en el que reitera que España no tiene competencia para procesarlos.

El escrito afecta a 25 militares y un civil de los 46 detenidos por las autoridades argentinas, y cuyo arresto ya fue confirmado a Garzón por la Justicia de ese país.

Para justificar la falta de competencia de España en este caso, el fiscal cita una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el denominado «caso Guatemala», que estableció que sólo pueden investigarse en España los casos de torturas cuando las víctimas son españolas.

Añade que, en esa misma sentencia, el Supremo afirmó que
«no se puede seguir este proceso en España cuando los hechos están siendo enjuiciados en el país en el que sucedieron».

• Cambio

En este sentido, el fiscal señala que «en el caso actual, existen datos de que el cambio político y judicial (en la Argentina) está determinando la apertura de procedimientos contra los militares argentinos y el inicio de la nulidad de las 'leyes contra la impunidad'».

Rubira
dice también que «no es posible sostener que los hechos (...) constituyan un delito de genocidio», ya que los convenios internacionales definen este delito como los actos perpetrados para destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Para el fiscal español, la represión en la Argentina entre 1976 y 1983 se dirigió contra personas
«de todos los estratos sociales» y «muy variada ideología».

«Esta destrucción cívica es un crimen de lesa humanidad, pero no es delito de genocidio»,
afirma el fiscal, quien recuerda que el crimen de lesa humanidad no está tipificado en el Código Penal español y, por tanto, no puede ser perseguido bajo este concepto.

El ministerio público agrega que los delitos deberían ser considerados como simples asesinatos o secuestros seguidos de desapariciones, para cuya persecución carece de jurisdicción la Audiencia Nacional española.

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