Una fiscalía pidió detener a dos ex funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación Bonaerense, por presunto fraude con contratos de alquiler de inmuebles destinados a la administración de ese organismo.
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Fuentes judiciales informaron que el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Carlos Arguero, solicitó la detención del ex administrador de la subdirección de Propiedades de Educación, Juan Carlos Nievas; una tasadora de ese organismo y un particular dueño de varios de los inmuebles que alquiló Educación.
El pedido fue elevado al juez de Garantías César Melazo, quien hizo lugar el pedido de detención de Nievas, aunque lo eximió luego de prisión bajo una caución de 30.000 pesos.
El magistrado consideró que para las otras dos personas no había elementos probatorios para acreditar su responsabilidad en los delitos de presunta administración infiel y fraude.
La fiscalía ordenó además la indagatoria del ex subsecretario Administrativo de Educación Sergio Palacios, la ex directora de Administración de Propiedades Olga Debat y del ex asesor Jorge De Nicola.
Todos ello están considerados como presuntos responsables de los delitos de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Para la fiscalía estos ex funcionarios habrían sido cómplices por omisión en los casos investigados, ya que presuntamente habrían tenido conocimiento de los sobreprecios que se habrían pagado para el alquiler de inmuebles.
Según la hipótesis que maneja el fiscal no sólo no habrían actuado en consecuencia sino que le habrían dado una apariencia regular a los expedientes iniciados para las locaciones, destacaron las fuentes consultadas.
Arguero dictaminó que entre 1997 y 1998 se realizaron contrataciones de diversos inmuebles para que funcionaran allí oficinas de Educación.
En algunos casos los contratos se hicieron de manera violatoria de las normas que regulan esos gastos, ya que por ejemplo se firmaba primero el contrato de alquiler y luego se iniciaba el expediente para autorizarlo.
En la causa figura el caso de la locación de un inmueble en 60 entre 11 y 12, por el cual se pagaban 12.000 pesos mensuales, cuando en realidad en el mercado tendría un valor de 5.000 pesos, dijeron fuentes judiciales.
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